La familia de Pedro Gil Calonge, ante una nueva decisión judicial que impide trasladar sus restos desde el Valle de los Caídos al cementerio de Tajahuerce, no pierde la esperanza pero sí reconoce que están «tristes» y «chafados». El juzgado de lo contencioso 10 de Madrid ha ordenado la paralización cautelar de la primera fase de las obras para la exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares, como es el caso de este soriano. De esta manera, suspende el acuerdo alcanzando en junio por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial -por el que se concedía licencia urbanística para la rehabilitación del acceso a las tumbas a Patrimonio Nacional- por atender la solicitud de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que pide que se respete la decisión de otras personas que prefieren mantener allí los restos de sus familiares.
Rosa Gil, la nieta de Pedro GilCalonge e hija de Silvino, quien a sus 85 años tiene mucha ilusión por poder recuperar los restos, manifiesta: «Son muchos impedimentos para algo tan natural y tan de derecho familiar. Nos hemos quedado un poco decepcionados y pensando en cuánto tiempo se parará ahora». Porque esta familia lleva desde el año 2007, cuando supieron que los restos podían estar en el Valle de los Caídos, intentando recuperar al abuelo por la vía judicial para darle «sepultura digna» en su pueblo junto a otros interesados en la misma situación.
inconvenientes. «Me imagino que se volverá a retomar, espero. Yo no estoy en contra del Valle de los Caídos y lo que dice esta asociación, simplemente queremos al abuelo, no me meto en la vida de nadie. Que nos respeten ya a las familias, por favor, y que nos dejen seguir nuestro duelo y nuestro camino», apunta Rosa Gil indicando que su padre (el hijo de Pedro) «ya es mayor». «Que sean un poco humanos. Clamamos con pasión y humildad y pedimos un poco de considerar para las familias. Queremos sacar a mi abuelo de allí y cada parón que se hace y cada inconveniente que surge en este proceso te pone triste», añade.
Pero la familia insiste en que «por esto no vamos a decaer», no se rinden. «Queremos que lo vea mi padre pero seguiremos todo el tiempo que haga falta y si no estamos los nietos.En la familia hay una continuidad, porque los nietos queremos a nuestro abuelo fuera del Valle de los Caídos sí o sí, pero queremos que mi padre, que es el motor de todo esto, lo pueda ver», apunta haciendo referencia a que Silvino no está desanimado, es «práctico» y «piensa que se va a conseguir» a pesar de este último revés a modo de decisión judicial. «Si Franco ha salido de allí, ¿por qué no los demás? ¡Vale ya!», concluye esperanzada Rosa Gil.
La familia se mostró esperanzada cuando en 2018 se iniciaron los trabajos preliminares a la exhumación, cuando una comisión investigadora procedió a buscar los restos mortales. El sentimiento de las familias prevalece por encima de la política, apuntaban por aquel entonces los miembros de esta familia soriana. Una sentencia del juzgado de El Escorial puso fin a un litigio de seis años pero la situación sigue sin solucionarse tres años después. En democracia se habían constatado tres entradas anteriores en diversas capillas del valle, en 1980, 1990 y 2010, pero era la primera vez que se hacía públicamente. Tras este estudio, se emitió un informe y el Gobierno lo autorizó. Lo cierto es que los restos mortales del padre de su padre siguen desde hace 60 años en la cripta derecha, relación 348 columnario número 6.427, piso cinco.
decisión. El abogado Eduardo Ranz, letrado de las familias que han solicitado la exhumación, lamentó que «por desgracia» haya otras resoluciones de esa jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que suspendan las obras en el interior del Valle de los Caídos, informa Europa Press. «Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia», ha reseñado.
Como ya se ha explicado, una jueza de Madrid paralizó a mediados de noviembre de forma cautelar la licencia de obras que el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó en abril para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas, aludiendo a que se podrían producir daños irreparables. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el derecho a la intimidad de los fallecidos y sus familias y «la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».