El presidente de la Asociación Rural Red, Paulino Herrero, defiende que los grupos de acción local (GAL) son las organizaciones mejor preparadas para gestionar los fondos que pudieran llegar para afrontar el reto demográfico, ya que están en el territorio y saben interpretar una estrategia dentro del mismo. Por ello, requiere que se les dote de más fondos, mayor autonomía en el desarrollo de su actividad y se prime la metodología LEADER, es decir, que sea la sociedad la que se autogestione, tal y como ocurrió en sus orígenes. “Los GAL no deben ser supervisados por la  Junta de Castilla y León, cuyos técnicos están a 200 kilómetros y no conocen los problemas del territorio”, reivindica.

El presidente de esta asociación, que engloba a cuatro grupos de Soria, tres de Burgos, uno de Valladolid y otro de Segovia, significa que los GAL deben estar reconocidos por las administraciones de quién dependen. Frente a ello, "cada vez están más controlados y fiscalizados y tienen menos autonomía para decidir qué proyectos deben recibir inversión”.

“Es siempre la administración la que decide, cuando sus técnicos no saben qué pasa en el medio rural. Además, con tanta fiscalización y burocracia, al final los gestores trabajan para ellos y no para tu territorio”, denuncia, para recordar que la autoridad de gestión de los GAL es el secretario general de Agricultura, más allá de los programas europeos, y él decide cuándo y cómo lo distribuye sin tener en cuenta qué es lo que necesita el territorio en ese momento.

Los GAL están “bajo mínimos, y se han visto obligados a bajar el número de técnicos, ya que tienen pocos fondos para subsistir y repartir”. En este sentido, indica que fue la exconsejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, quién eliminó 57 millones de euros a los 44 GAL de la Comunidad, tras lo cual tuvieron que ajustarse “muchísimo”. “Los retiraron del medio rural y todavía no sé sabe a dónde fueron”, critica.

Herrero subraya que en un principio los grupos recibían fondos Leader o Proder directamente de Europa, sin embargo, actualmente es la Comunidad Autónoma quién reparte estos fondos provenientes de la PAC a través del apartado destinado al desarrollo rural, por lo que “hay muy poca cantidad para repartir entre los 44 grupos de acción local de Castilla y León”.

“En Asopiva (GAL de la comarca de Pinares Soria-Burgos) llegamos a gestionar siete millones de euros y actualmente tenemos 2,8 millones para un período de ocho”. En este sentido, recuerda que en un principio los fondos europeos llegaban de Europa para el desarrollo rural y eran gestionados directamente por la propia sociedad, es decir, que los GAL los controlaban porque eran los que verdaderamente “están en el territorio y saben interpretar una estrategia dentro del mismo”.

“Si Europa no tuviera el empeño y no creyera en los GAL, estos ya hubieran desaparecido, ya que a las administraciones no les interesa que manejen los fondos la propia sociedad. Actualmente, estos fondos los maneja la Junta o el Estado y los introduce en el apartado de Agricultura, por lo que en su mayoría se destinan a agricultores o ganaderos”, lamenta.

Para Paulino Herrero, la Comunidad Autónoma no subsistirá únicamente con la agricultura y ganadería, “porque hay zonas como la de Pinares que no viven de ello y, lo segundo, porque es imposible ser joven agricultor si no se es heredero de tierra”.

Comarca de Almazán

La gerente de la Asociación para el Desarrollo Endógeno de  la Comarca de Almazán, Marisa Muñoz, confirma que la Unión Europea, el Estado y la Junta han reducido los fondos de forma progresiva. En el primer programa (Leader 1997-2001), este grupo gestionó unos fondos que ascendieron a seis millones de euros; en el segundo, de 7,5 millones de euros; en el tercero de 5,5 y en el actual 3,5 millones de euros. “Con respecto al último programa nos han rebajado más de un 30 por ciento y hay que destacar que el último programa se debe desarrollar en ocho años”, explica.

Asimismo, subraya que la plantilla de los GAL  no es suficiente para afrontar el volumen de trabajo “fijo” que soportan, y añade que para gestionar un programa es necesario como mínimo tres trabajadores, y, actualmente, trabajan, en casi todos los grupos de acción local, tan solo dos.  “Vamos agobiados y casi no podemos salir de la oficina cuando verdaderamente somos agentes del medio rural. Es decir quieren que hagamos muchas cosas con menos fondos”, afirma.

En este sentido, agrega que los grupos están obligados a destinar una parte de los fondos a gastos de funcionamiento (plantilla, alquiler, mantenimiento) y también a animación, por lo que tienen escaso margen de maniobra para contratar a más empleados.

Marisa Muñoz explica que la rebaja de los fondos ha provocado que tengan que hacer “muchas más actuaciones en el territorio con muchos menos fondos”, algo que ha repercutido en la contratación de personal; en las subvenciones que reciben los ayuntamientos y las asociaciones, para obras o actuaciones socio culturales; en las ayudas a los emprendedores rurales para que realizan inversiones para iniciar su actividad; en  la formación de la sociedad y en los proyectos de cooperación y labores de sensibilización y participación.

La gerente destaca que los grupos de acción local tienen que hacer un seguimiento exhaustivo a todos los expedientes que abren para conceder cualquier tipo de ayudas y numerosos informes, y agrega que todos los expedientes pasan muchos controles antes de que el dinero llegue a los promotores.  “Muchas de las funciones que tenemos que hacer como grupo no las podemos hacer porque lo primero es la fiscalización de los expedientes”, describe para recalcar que cada vez padecen de más burocracia.

Futuro

Los grupos de acción local forman parte de la red SESPA que trabaja porque Europa asigne fondos específicos a los territorios despoblados del sur de Europa. Los grupos de acción local son los encargados de elaborar los informes, que sirven de apoyo a la red para las reivindicaciones que tienen ante la Unión Europea.

Asimismo, actúan como un ‘lobby’ ante el Estado, la Comisión Europea y el Gobierno autonómico, para conocer las posibilidades que tienen de conseguir unos mayores recursos adicionales para la próxima programación. “La Unión Europea es probable que continúe aprobando los programas Leader en un 80 por ciento, pero todo dependerá de la aportación del Estado y de la Junta”.

En opinión de Marisa Muñoz el futuro de los grupos de acción local “seguramente esté garantizado”, pero recalca que “no se les puede pedir que con 3,5 millones de euros para ocho años salven el medio rural”.

Noreste de Soria

La gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural del Noreste de Soria (Proynerso), Ana Ruiz, también señala que es “evidente” que la financiación cada vez es “menor”, y esto conlleva a una insuficiencia presupuestaria para poder seguir apostando por el desarrollo rural y para hacer iniciativas en los municipios, haciéndose cada vez más difícil el mantenimiento de las estructuras organizativas.

“Cada vez se habla más de desarrollo rural y, sin embargo, cada vez hay menos dinero y más carga burocrática, lo cual obliga a potenciales promotores a desistir del empeño e invertir en el medio rural, y obliga también a disponer de menos personal al servicio de estas asociaciones”, explica.

Proynerso recibió un Proder (1997-2001) con 5,4 millones de euros; en el período 2009-2015 gestionó un programa Leadercal dotado con 5,7 millones de euros y actualmente gestiona un LEADER (2016-2023) con 3,3 millones.

Asimismo, la Diputación de Soria, que casi todos los años destina una cantidad de dinero para los gastos de funcionamiento de los cuatro grupos de acción local de Soria decidió rebajar  para 2020 la aportación en un 60 por ciento. Este año cada grupo recibirá 10.000 euros frente a los 25.000 de 2019 o los casi 95.000 que recibieron durante los años 2002-2008.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, señala que la Diputación aumentó la aportación a los GAL en tiempos de crisis, es decir, cuando la Junta les rebajó las subvenciones, sin embargo, actualmente la institución no tiene suficiente remanente de tesorería para abordar esta cuestión. “La Diputación ha habido años que no hacía aportación alguna a los GAL, y cuando lo hizo era para solventar la situación. Pero creemos que los grupos deben estar apoyados por otras instituciones y no por las diputaciones”, justifica.