Estamos en puertas de los debates definitivos sobre la elaboración de Plan Estratégico, con el que se pretende una redistribución hasta 2027 de los 47.000 millones de los fondos entre sectores y territorios. En ese Plan habrá un mayor apoyo a las explotaciones familiares viables, a los jóvenes y a las mujeres rurales y se establecerán techos de ayuda por peticionario en los 100.000 euros, con recortes desde los 60.000. El Ministerio de Agricultura acaba de publicar un análisis por edad y sexo de las 611.000 personas físicas beneficiarias de los 3.550 millones de euros en pagos directos. El resto de los pagos directos, hasta los casi 5.000 millones, corresponden a entidades jurídicas.
En la misma línea de disponer de la máxima información a la hora de debatir ese Plan, Agricultura trabaja en otro informe sobre la distribución de los pagos directos por el montante de ayudas por beneficiario. En este asunto históricamente se hablaba de la existencia de graves desajustes, con un 20% de peticiones que se embolsaban el 80% de los fondos a nivel estatal, pero con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Por ejemplo, mientras en Andalucía las peticiones por más de 100.000 euros suponen casi el 19% de los fondos, en otras como en Castilla-La Mancha solo serían el 10%, menos del 7% en Castilla y León o menos del 6% en La Rioja. Esta situación se pretende modificar solo ligeramente a través de esos techos y una redistribución a favor de las pequeñas y medianas explotaciones viables, medida que no comparte un segmento minoritario del sector.
Al margen de los debates definitivos sobre los puntos claves del contenido de ese Plan a debatir con comunidades autónomas, Agricultura estaría preparando el cierre de los mismos con datos para impulsar esa redistribución de los fondos con mejoras para mujeres, jóvenes y para la explotación familiar, además de para aplicar esos techos por petición que se rechaza desde determinados segmentos del sector agropecuario.
A la espera de un análisis sobre los grandes perceptores de ayudas, los datos desde la perspectiva del sexo o de la edad son significativos y suponen un apoyo para los cambios planteados en el próximo Plan Estratégico para redistribuir los recursos de los pagos directos, poniendo en evidencia el menor peso de las mujeres, el peso mínimo de los jóvenes y el peso fuerte de los jubilados activos.
En 2019, los 3.550 millones en ayudas directas pagados a personas físicas se distribuyeron entre 611.642 peticiones, frente a las más de 800.000 que se registraban hace unos años, rebaja que se ha logrado especialmente eliminado progresivamente pagos por debajo de los 300 hasta los 100 euros. De todos los peticionarios, un 63% fueron hombres que recibieron el 73% de los fondos, mientras la mujeres, el 37%, percibieron solo un 27% de los mismos.
Los jóvenes con menos de 25 años solo suponen el 0,69% de los demandantes e ingresaron el 1,37% del total. El colectivo de agricultores entre los 25 y los 40 años fue el 8,2% y percibieron el 13,2% de los recursos. El grueso de los demandantes de ayudas corresponde a los de edades entre los 40 y los 65 años que suponen el 53,01% y que percibió el 59% de los pagos.
La nota más destacable es el colectivo de las personas con más de 65 años, teóricamente en edad de jubilación, que siguen en la actividad directa o indirectamente y que suponen el 38% de las peticiones de ayuda y el 26,4% de los fondos. Un jubilado tiene todo el derecho a seguir con la explotación y percibir la pensión y la ayuda siempre que sus ingresos por la actividad no superen los techos fijados, unos 9.000 euros. Reducir su peso de una forma justa para ellos y siempre de forma voluntaria, es un reto que no se ha atrevido a enfrentar ninguna Administración hasta el momento.
Frente a esos porcentajes medios a nivel estatal, la situación es muy variable según comunidades autónomas. En el caso de los jóvenes, frente a esa media del 0,69%, en La Rioja suponen un 0,79%, un 0,64% en Castilla-La Mancha y el 0,71 en Castilla y León, lo que da una idea del relevo generacional. En lo que afecta a los demandantes con más de 65 años, frente al porcentaje del 38% a nivel estatal, una nota destacable es el bajo porcentaje que suponen en territorios con fuerte implantación de vacuno de leche como Cantabria donde solo significan el 9,3%, Asturias donde son un 13,3%, o Galicia con un 21,16%. En Castilla y León suponen el 30,8%, el 41% en Castilla-La Mancha y el 32,5% en La Rioja.
En relación con el sexo de los demandantes, frente a la media del 37% a nivel estatal que suponen las mujeres, muy por encima con el 55,2% se halla Galicia y Asturias llega al 52,2%; y muy por debajo otras como La Rioja con solo un 25%, Castilla y León con el 28% y Castilla-La Mancha con el 37,5%. En el colectivo de peticionarios con menos de 25 años, frente a una media estatal de mujeres del 20,7%, muy por debajo, con porcentajes entre el 11% y el 12%, se hallan Castilla y León, Cataluña, Aragón o La Rioja; Castilla-La Mancha alcanza el 18%, mientras se sitúan en el entorno del 30% en Andalucía, Asturias, Canarias, Galicia o la Comunidad Valenciana. Por encima de los 65 años, las peticiones de ayuda de las mujeres suponen una media estatal del 40,7%.
En el caso del Desarrollo Rural, sobre unos pagos de 714 millones de euros para 148.541 perceptores, las mujeres suman el 31% de las peticiones y reciben el 26% de los fondos, mientras los hombres, un 69%, perciben el 74%. En este caso, los demandantes con menos de 25 años solo son el 1,72% para recibir el 6,2% de las ayudas, mientras los mayores de 65 años son el 19,4% cobrando el 10,7% de los fondos. El colectivo entre los 40 y los 65 años es también el dominante con el 64% de las peticiones y el 52% de los pagos.
Con el futuro Plan también se debería dar una salida racional al problema de los pagos por derechos históricos e individuales y dejarlos ligados a la tierra, ya que hoy miles de pequeños propietarios, generalmente jubilados, ven cómo sus derechos se han quedado en manos de grandes renteros, hoy derechotenientes, que han acabado vendiéndolos.