Con un simbólico abrazo sellaron ayer los máximos responsables del PSOE y de Unidas Podemos su preacuerdo para conformar «un Gobierno progresista» que reservaría la vicepresidencia para el segundo. Este golpe de efecto pergeñado por el equipo de asesores de Pedro Sánchez, con Iván Redondo a la cabeza, nace con dos condicionantes muy peligrosos. El primero es que se produce incumpliendo la palabra del presidente quien, la misma noche electoral, anunció que se reuniría con todos los partidos democráticos para tratar de encontrar la estabilidad que este país necesita. Al mismo tiempo nadie ignora que la suma de los diputados de ambas formaciones no alcanzan la mayoría necesaria lo que obligaría, o bien a llegar a un acuerdo con PNV y Ciudadanos, formaciones ambas que han demostrado que son incompatibles, o a esperar una abstención del PP, algo difícil cuando ni siquiera se ha guardado las formas con el segundo partido en número de votos a la hora de intentar formar un Ejecutivo. La tercera opción es la más perniciosa de todas, pues exigiría el apoyo de ERC, una posibilidad que acarrearía peligrosas contrapartidas teniendo en cuenta el desafío secesionista y el cariz que están tomando las protestas por la sentencia del procés.
La gran pregunta que surge es por qué este acuerdo es válido hoy y no hace seis meses, cuando ambas formaciones disponían de una mayoría más holgada que hacía innecesario el apoyo de las formaciones independentistas. El mismo Pedro Sánchez que en verano afirmaba que no «dormiría tranquilo, como el 95% de los españoles con un Gobierno en el que tuviera ministros de Podemos» no duda hoy en buscar con ahínco esa posibilidad, desechando cualquier otra, y fundiéndose en un abrazo con el mismo Pablo Iglesias al que hace medio año vetó y hoy aspira a hacer vicepresidente.
La situación no pasaría de ser un episodio más de ese funanbulismo político al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados ya los líderes de los partidos si no fuera porque, entre medias, ha habido una nueva convocatoria electoral, con el coste económico que supone, que ha dado como resultado un refuerzo de los extremos. El futuro hemiciclo tendrá mucha más presencia de Vox, que pasa de 24 a 52 diputados, y de los nacionalismos, con EH Bildu a un paso de tener grupo parlamentario propio y la CUP representada por primera vez con dos escaños, además del ascenso del PNV. En una empresa privada, esta gestión hubiera acabado con sus autores de patitas en la calle, pero en política los plazos son mucho más dilatados, aunque a la vista de este modo de proceder, nadie apostaría porque este Gobierno superara los dos años.