España estrena una semana de alta combustión. Mañana se cierra en las urnas el segundo capítulo de las elecciones madrileñas, cuya campaña ha mostrado la peor cara de la política nacional en el primer acto. El miércoles se estrenará el siguiente escenario de un relato que comenzó, aunque ya casi nadie se acuerde, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó la voladura coordinada de los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León. Le salió rana. Lo de Murcia se quedó como estaba, acaso más podrido a la luz de la volatilidad de las posiciones de quienes consideraban insostenible un gobierno en el que después de recibir su tajada se han integrado. Lo de Castilla y León sirvió para reforzar el bipartito entre PP y Ciudadanos cuando la desmembración del partido liberal y el profundo enconamiento de su presidenta, Inés Arrimadas, con el vicepresidente regional, Francisco Igea, estaba poniendo en cuestión su estabilidad a corto plazo. Y lo de Madrid, a la espera de que se confirmen las encuestas, podría quedarse en una mayoría casi absoluta de Isabel Díaz Ayuso y un estrépito de época para los socialistas. Se mire por donde se mire, un éxito. Cabe desear un poco más de acierto cuando sean los intereses de España los que estén en juego.
A la resaca de las elecciones madrileñas se suma el fin del estado de alarma decretado seis meses atrás, así como de la limitación de las libertades. Las autonomías pasarán a ejercer únicamente aquellas competencias que le son propias y podrán cerrar sectores productivos o limitar su actividad (la hostelería tiene, como siempre, todas las papeletas para llevarse la peor parte), pero no podrán condicionar derechos fundamentales. Por más que se retuerza la norma hasta rozar el ridículo jurídico, las comunidades autónomas no pueden imponer toques de queda o decir quién entra en la casa de quién sin un respaldo judicial que, con la campaña de vacunación masiva ya desplegada, no parece probable salvo que se den casos muy extremos. Cataluña, fiel a su condición, ya ha comenzado a jugar a la república para arrogarse competencias impropias.
En lo que toca al fin de la alarma y sus consecuencias, el consenso en el seno del Consejo Interterritorial de Salud ya no existe. Hay disparidad de criterios y opiniones, y es indudable que la discrepancia sobre una cuestión de contención sanitaria va a ser arrastrada a la arena política a conveniencia de los actores de una película que sigue siendo terrorífica pero se ha hecho tan larga que amenaza con dejar la sala vacía de espectadores, por más que estemos llegando al desenlace de varias subtramas nucleares.