Ha sido el asunto de la semana y, también, la excusa para abrir una nueva guerra política. El lunes, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, trasladaba a los medios la carta que había remitido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras detectarse un foco de contagio (con siete personas infectadas) en uno de los recursos de acogida que Cepaim gestiona en Soria. Al parecer, el contagio se produjo tras el traslado a Soria, dentro del programa de acogida humanitaria, de un grupo de inmigrantes africanos llegados en patera a la costa de Almería. «Quiero trasladarte nuestra preocupación y desacuerdo por el hecho de que en pleno estado de alarma y existiendo restricción de movimientos entre provincias, estas personas hayan sido trasladadas sin realizar cuarentena ni prueba diagnóstica alguna», denunció Igea.
A partir de ahí, comenzaron las reacciones. Ciudadanos y Vox calificaban de «imprudente» e «irresponsable» al Gobierno por proceder a estos traslados. El PP instaba al alcalde a «lanzar un SOS al Gobierno». Y la respuesta oficial llegaba de la mano del subdelegado, Miguel Latorre, quien aseguraba que se habían «cumplido todos los protocolos de seguridad». El alcalde, Carlos Martínez, llamaba a la cautela, e invitaba a revisar los protocolos para garantizar y minimizar el riesgo de contagios durante los traslados oficiales autorizados. Y, en medio, las redes ardían para utilizar este asunto como pretexto de mensajes racistas.
Pero ¿qué ocurrió realmente para generar este debate que llegó, incluso, al prisma nacional? El director general de la Fundación Cepaim en España, Juan Antonio Segura, atendía la llamada de El Día de Soria y pedía «tranquilidad absoluta», asegurando que «la situación está controlada» y «no hay ningún riesgo para la población». No en vano, apuntaba, las siete personas que han dado positivo están «agrupadas en un dispositivo (piso) haciendo cuarentena con todas las medidas de seguridad, con el cuidado de los profesionales de CEPAIM y perfectamente seguidos por los servicios de Salud de Castilla y León». Pero además, añadía, «la gente que ha estado en contacto con estas personas y ha dado negativo en las PCR, también está en cuarentena».
Segura aseguraba no entender ni compartir la problemática generada, máxime cuando todo el proceso se ha realizado «conforme a normativa», «acorde a los protocolos y procedimientos establecidos» y «adoptando todas las medidas preventivas necesarias». Recordaba que este programa funciona «desde hace 20 años» y ha estado operativo con normalidad durante todo el estado de alarma, dado que «la llegada de pateras no ha cesado» y los CIE han sido vaciados y las fronteras exteriores están cerradas, por lo que estas personas no pueden ser repatriadas y precisan una atención humanitaria.
El traslado de Almería a Soria se llevó a cabo «acogiéndonos al Real Decreto que permite esos traslados de servicios sociosanitarios esenciales», subrayó. Y, en cuanto a la realización de un estudio sanitario previo al traslado, advirtió:«Se practicaron las pruebas pertinentes en origen en el puerto de Almería y todos eran asintomáticos y, por lo tanto, se podía hacer el traslado». En este sentido, recordó, es el propio Ministerio quien establece cuándo deben hacerse las pruebas diagnósticas de COVID y recoge explícitamente que «a las personas asintomáticas no se les realizan». Sobre el contagio al resto, reparó: «Es imposible que estemos libres, completamente exentos, de que ninguna de las personas llegadas se pueda contagiar. Se puede dar un contagio en cualquier momento, igual que en un lugar de trabajo, en una familia... pero no podemos acusar a las personas migrantes de los contagios, no es cierto, no es así», sentenció, pidiendo mesura a la hora de interpretar la situación y recordando que en este tiempo ha habido más traslados y contagios puntuales.
«Entiendo que estos seis casos en una ciudad como Soria destacan mucho pero se ha seguido todo el protocolo, todo el trabajo se ha hecho con todas las garantías», reiteró. «Entendemos que en este momento en que vivimos de pandemia sin precedentes lo que nos debemos los diferentes gobiernos es alianza y trabajo en común y reforzarse mutuamente, no es tiempo de enfrentamientos y menos con asuntos vinculados con la salud pública. Es tiempo de unidad», invitó el director nacional, quien no escondió su malestar por que se haya puesto «en el punto de mira» a una organización «con 26 años de experiencia» y con probada «profesionalidad» en la gestión de crisis humanitarias.