El Ministerio de Agricultura, escasos meses después de la aprobación en el Parlamento de la nueva Ley de la Cadena, ha decidido diseñar un plan de mejora para lograr una mayor eficiencia en su aplicación ante las denuncias de ineficacia hechas desde diferentes sectores. Este plan contempla, entre otros puntos, poner en marcha el Registro de Contratos, la elaboración periódica de los índices de los costes de producción y unas mayores competencias en los controles de la AICA.

La modificación de la Ley de Cadena Alimentaria aprobada a finales del pasado año suponía un paso más en relación con la de 2013. Sobre el papel, tenía como principales novedades la exigencia de que los precios de venta de los productos agrarios supusieran como mínimo los costes de producción, así como la incorporación del veto a nuevas prácticas comerciales desleales tal y como recoge la directiva comunitaria, entre las que destacan los aplazamientos de los pagos, la cancelación de pedidos antes de los 30 días, la modificación unilateral de los contratos, la exigencia de pagos forzados ajenos a la venta de los productos y las amenazas y represalias.

Con estos planteamientos, la Ley de la Cadena fue la joya de la corona del Gobierno e inicialmente era la respuesta que necesitaba el sector. Sin embargo, la ley se convirtió también en una decepción para agricultores y ganaderos ante la ineficacia en su aplicación, consolidándose en diferentes sectores precios de venta por debajo de los costes, mientras en Agricultura costaba adoptar decisiones con el fin de corregir el problema.

Esa situación tiene todos los visos de cambiar en el futuro ante la decisión del propio departamento de Atocha de poner en marcha una batería de medidas encaminadas a cumplir, por un lado, lo previsto en la nueva Ley de la Cadena y, en paralelo, reforzar las actuaciones de la Agencia para la Información y el Control de la Cadena Alimentaria.

En esta línea, se halla a consulta una nueva disposición para el cumplimiento del Registro de Contratos previsto en la nueva ley con el fin de que ya esté totalmente operativo desde enero de 2023. Los compradores tienen la obligación de registrar cada uno de los contratos con el fin de lograr la máxima transparencia en las operaciones y registrar igualmente todas las modificaciones que se hagan en los mismos. Por esta vía, desde las comunidades autónomas a la AICA tienen la posibilidad de acceder a todos los datos y, en consecuencia, pueden aplicar las sanciones pertinentes en casos de incumplimientos.

En relación con la Ley de la Cadena Alimentaria, otro de los retos pendientes para su aplicación era la posibilidad de disponer de forma permanente y actualizada de los precios de los costes de producción en cada sector, algo indispensable para su cumplimiento. Hasta la fecha, han sido escasos los sectores, leche o aceite, que han podido contar con esas referencias a la hora de suscribir sus contratos. En esa dirección, el departamento ha decidido que entre las funciones del Observatorio de la Cadena se halle la de elaborar de forma permanente los índices de costes de los medios de producción. Sobre este particular, el Ministerio tiene previsto además fijar antes del próximo mes de diciembre los criterios para determinar la elaboración de estos índices.

Una tercera actuación para lograr el máximo cumplimiento de las exigencias contempladas en la Ley de la Cadena es el refuerzo de la AICA en sus tareas de inspección, más allá de las medidas también de refuerzo en su plantilla llevadas a cabo en los últimos años. Desde el sector productor se ha venido denunciando reiteradamente que la actividad de la Agencia en materia de inspección era mejorable y que no se correspondía con el volumen de los contratos suscritos, por lo que se reclamaba una mayor presencia en sectores importantes, como la leche, durante todo el año y en otros, como el aceite o el vino, especialmente en los periodos de campaña. En medios agrarios se estima que, en muchos casos, sin inspecciones reales bastaría con que la Agencia anunciara procesos de inspección en los diferentes sectores y que ello sería suficiente para que se hicieran mejor las cosas.

Además de las medidas de carácter general, este plan contempla otras actuaciones sectoriales y concretamente, en el caso de la leche, se halla la posibilidad de revisar los precios de los contratos, aunque estos sean de larga duración con precios fijos, en base a la evolución de los costes de producción.

Las medidas planteadas desde el Ministerio de Agricultura para una mejor aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y lograr que los precios de venta de los productos agrarios en origen sean como mínimo iguales a los costes de producción suponen un paso adelante. Sin embargo, una cosa puede ser el contenido de las nuevas disposiciones y otra la realidad en la que se mueve el sector agrario a la hora de negociar la venta de sus productos en un escenario caracterizado por la debilidad marcada básicamente por dos factores: operar fundamentalmente con productos perecederos y tener un peso muy inferior al de los compradores, léase operadores o industrias alimentarias.

Entre las producciones agrícolas, una parte importante de las mismas tienen fechas de caducidad y presentan gran dificultad para su almacenamiento, por lo que el producto necesita una fecha de salida o el agricultor se arriesga a perder su valor por el deterioro de la mercancía. Si se habla de las ganaderas, ninguna explotación tiene la capacidad para dejar de vender su leche y no firmar un contrato o dejar crecer a los animales para que sobrepasen sus pesos de venta, perdiendo en la batalla dinero, además de aumentar los costes en alimentación.

En este contexto, una asignatura pendiente se concreta en la necesidad de ir levantando progresivamente un sector agrario más organizado a la hora de comercializar sus producciones frente al poder dominante de grandes grupos de distribución o industrias para imponer sus condiciones. Sin embargo, avanzar en esa dirección no es solo cosa de que aparezcan unas medidas de apoyo en el Boletín Oficial del Estado para el sector productor o que se regulen las posiciones de dominio de los compradores, como demanda Unión de Uniones, sino también que empujen para organizarse los propios agricultores y ganaderos.