Hace unos días, una imagen compartida en redes por una amiga, trabajadora social, me llevó a la reflexión. En ella, se podía leer el siguiente mensaje: «Las UCI sociales colapsan. No solo existen las UCI hopitalarias, ante la pobreza y las desigualdades son los servicios sociales los que están atendiendo las situaciones de pobreza extrema». Además, hacía referencia a la necesidad de recursos humanos, y reclamaba una inminente dotación de más personal para hacer frente a lo que se les venía. Enmarcado dentro del contexto de la crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos, hemos podido leer textos desde un gran abanico de perspectivas. Pero, en ese punto de análisis de la nueva realidad, quizás no se está hablando lo suficiente del rol que ya están jugando -y van a seguir haciéndolo a corto y medio plazo- los servicios sociales. 
Como ya pasó en 2008, el desigual reparto de riqueza se ha vuelto mucho más acuciante a raíz de todo lo que nos está tocando vivir; y familias, que todavía no habían llegado a recuperarse de la anterior crisis, vuelven a verse en la necesidad de solicitar ayuda. Ante esta realidad es necesario pararse a pensar sobre la mejor manera de gestionar esta ayuda, y cómo un robusto Estado de Bienestar debe garantizar los derechos de la ciudadanía en lugar de cubrirlos con caridad o beneficencia. Dicen Mata y Pallarés, en su texto ‘De los derechos sociales a la caridad: crónica de un retroceso anunciado’, que las políticas sociales cuentan con cuatro etapas de evolución de las formas de acción social: caridad, beneficencia, asistencia social y servicios sociales o bienestar social.  En un momento como el actual, en el que se antojan más necesarias que nunca, es importante que hagamos una reflexión sobre la realidad de estas en nuestro país. Un Estado de Bienestar sólido y fuerte que pueda atender adecuadamente a su población ha sido el fruto de años y años de evolución y lucha por los derechos fundamentales. Y su puesta en duda -ya sea directa, o ya sea indirectamente, es decir, no otorgándole los recursos necesarios o canalizándolos a través de otras vías- es ningunear todo el esfuerzo que ha costado su consolidación. Al hablar de caridad o beneficencia estamos incidiendo en las desigualdades que han llevado a que estas fueran necesarias. La atención a personas que tienen que recurrir a dichos órganos conlleva -por propia definición de los conceptos, explicados ampliamente en el texto que cito un par de párrafos arriba- un control por parte de los benefactores, que finalmente son los que deciden quién recibe qué y cómo lo administra.  Sin embargo, los servicios sociales se basan en garantizar unos derechos que, como ciudadanos, tenemos de manera indiscutible (igual que no se nos puede negar la educación, la sanidad o la seguridad social).
La labor del tercer sector es digna de alabanza y cubre carencias muy urgentes. Sin embargo, con un sistema de atención social estatal adecuadamente dotado no serían necesarias otras vías para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Tras aplaudir la labor de los sanitarios tarde tras tarde, nadie se plantea ni por lo más remoto recurrir a una sanidad privada para reforzar la pública. De igual manera, no se trata de parchear tampoco en servicios sociales, sino de fortalecer los que ya tenemos. Si la crisis social es una realidad que estamos viendo venir, ¿por qué no nos preparamos para ello reforzando los servicios sociales? Es un derecho de la ciudadanía.