Más de 300 empresas participaron esta semana en la jornada de la red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en inglés Southern Sparsely Populated Areas, SSPA), convocadas por las patronales de Soria, Cuenca y Teruel, para informar sobre la aplicación práctica de las ayudas de funcionamiento. La mitad de los negocios inscritos en esta actividad operan en la provincia. Las organizaciones empresariales dieron respuesta a distintas dudas trasladadas por sus asociados desde la puesta en marcha el 1 de enero de esta 'fiscalidad diferenciada' para los tres territorios más despoblados de España y la reunión también sirvió para conocer la opinión de estas empresas en relación a este demandado instrumento, por el que se ha luchado desde hace una década. Las valoraciones de los representantes de distintos sectores, así como de empresas y autónomos, que ha recabado El Día de Soria, confluyen en una conclusión unánime: «Decepción». La mayoría de las empresas cuentan con plantillas fijas y tienen su domicilio social en la capital o en municipios de más de 1.000 habitantes (Ágreda, Ólvega, Golmayo, Ágreda...) por lo que se beneficiarán este año de una reducción en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes del 5% de la aportación empresarial. Pero hay que tener en cuenta que, también desde el 1 de enero de 2023, al tipo de cotización por contingencias comunes se suma el incremento de los tipos del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) del 0,6%, por lo que se quedará en un 28,90% (un 24,10% a cargo de la empresa y un 4,60%, del trabajador). Por tanto, en comparación con la situación previa a la entrada en vigor de la medida, la mayor parte de las empresas «apenas notarán» una  'compensación' por sobrevivir en la España (más) vaciada.

Cabe recordar que la misma ley establece que la reducción de la cotización sube al 15% para las nuevas contrataciones indefinidas en municipios de más de 1.000 habitantes y al 20% en los que tienen menos de un millar de empadronados. Sin embargo, los empresarios consultados ponen de manifiesto que estos contratos serán testimoniales, teniendo en cuenta que la recaudación a mayores será exigua como para ampliar plantillas y/o producción. Además, con la reforma laboral, la mayoría convirtió las contrataciones temporales en fijos discontinuos el pasado año, por lo que cuando se vuelvan a incorporar a la actividad no contarán como nuevos empleos.

caso práctico. Un ejemplo expuesto durante la jornada informativa convocada por las patronales indica que la base media de cotización de estas provincias es de 1.805 euros mensuales (1.874 euros en Soria, la más alta; 1.829 en Teruel; y 1.712, en Cuenca). La aportación de la empresa en contingencias comunes sería del 24,10%, es decir, 435,01 euros al mes. Por cada trabajador por cuenta ajena contratado hasta el 31 de diciembre de 2022, se aplicará el 5% de bonificación en las cotizaciones por contingencias comunes, lo que supone una media de 21,75 euros al mes (261 euros al año), mientras que a los contratos indefinidos formalizados desde el 1 de enero de 2023 en municipios de más de 1.000 habitantes se aplicará un 'descuento' del 15%, es decir, una media de 65,25 euros al mes (783 euros al año); y el porcentaje llega al 20% para los indefinidos en empresas radicadas en términos municipales de menos de 1.000 habitantes, por lo que la media por empleado se traduce en 87 euros al mes (1.044 euros al año).

Así las cosas, una empresa con una veintena de trabajadores fijos consigue un beneficio medio mensual de 435 euros (5.220 euros al año), una cantidad «irrisoria», a juicio de los empresarios consultados, como para contemplar ampliaciones de plantilla o aumentar la actividad. Siempre existe la posibilidad de revertir esos 21,75 euros de media mensual en los sueldos de los empleados.

«calderilla». Para el vicepresidente y portavoz de Agrutranso (Agrupación de Transportistas Sorianos), Juan Pablo Rubio, en la práctica, las ayudas de funcionamiento son «calderilla de lo que sobra» y considera que es una «decepción» después de «todo lo que se ha peleado» durante más de una década. «Es insuficiente, totalmente, y no tiene sentido».

Rubio cuenta con cuatro empresas con 37 empleados en plantilla, radicadas en Ágreda y Ólvega. «Hablando con alcaldes de otras poblaciones te dicen que es mejor no llegar a 1.000 habitantes. Pero es que Matalebreras o Castilruiz no pueden tener un polígono como el de Ólvega», sostiene. 

Para el representante de los transportistas sorianos con la bonificación del 5% «no da para nada, ni para subir sueldos ni para invertir». «¿Y si viene ahora una nueva empresa y nos quita los trabajadores porque les puede pagar más, porque se beneficia de ese 20%?, plantea Rubio.

El portavoz de Agrutranso lamenta que, tras el trabajo de las patronales durante tanto tiempo, y del hecho histórico del reconocimiento de Europa, el resultado se queda «ridículo».

Por su parte, el presidente de la Federación del Comercio de Soria (FecSoria), Adolfo Sainz, considera que las ayudas de funcionamiento son «bienvenidas», pero «insuficientes». «Dudo que nadie abra un comercio por esa fiscalidad», apostilla. 

Sainz lamenta que no se ha llegado al 20% de deducción en la cotización por contigencias comunes y tampoco, a la retroactividad. «El 5% viene bien, sobre todo en estos meses tan duros. Y si tienes que contratar a alguien, perfecto. Pero no por esa bonificación te lo vas a plantear», añade.

Tampoco está de acuerdo en que se baraje aplicar estas medidas a otros territorios con problemas demográficos. «No se puede meter a todos en el mismo saco. Lo nuestro es agónico, cada vez somos menos. Y necesitamos medidas más drásticas para revertir esta situación», zanja.

Asimismo, José Antonio Omeñaca, presidente de la Asociación Soriana de Empresas de Distribución de Alimentos y Bebidas de Soria (Adiso), se pronuncia en la misma línea: «Lo que nos han dado son migajas, parece que estamos pidiendo limosna».

Omeñaca tiene una empresa en Soria capital con 46 empleados, la mayor parte fijos. «Solo es el 5% sobre la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Es una minucia. Lo que tenían que hacer es ampliar al 20% para todos», advierte.

En este sentido, el empresario admite que si la reducción fuera mayor, quizás sí se plantearía contratar a más personal, pero los gastos que tienen que asumir las empresas los tienen «desbordados». «Todos estamos en la misma situación, somos empresas de servicios y dependemos de que hay más gente», zanja.

Por último, el presidente de Aecop (Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria), Rafael Martínez, pone de manifiesto que las ayudas de funcionamiento «abren un camino» pero, al mismo tiempo, «se ha perdido una oportunidad» de conseguir ese 20% de bonificación en la cotización por lo que se había luchado. «En lo que se ha quedado, no supone nada, ni para repercutir en los trabajadores ni para nada», finaliza.