Las dos 'sensibilidades' existentes en la Junta de Castilla y León volvieron ayer a dejarse notar tras la conferencia sectorial de energía, comercio y turismo, donde el Gobierno debatió con las comunidades autónomas el decreto sobre las medidas de ahorro energético. Mientras el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pedía cambios en la nueva norma y exigía la «participación de las corporaciones locales y los sectores productivos afectados», el responsable de Empleo, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones (Vox), criticó el «paripé al servicio de Sánchez» y recordó que los servicios jurídicos estudian llevarlo al Constitucional ante «los visos de que invade competencias». Ambos,  junto al de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participaron en la conferencia sectorial, presidido por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien le acompañaba la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto.

Carriedo lamentó que el Gobierno se cerró en banda e «insistió en no modificar el decreto y dejarlo tal y como está», aunque el consejero considera que «hay que apoyar a los sectores y actuar por la vía de los incentivos más que por las sanciones como propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez».

En este sentido, reclamó como «esencial» establecer una seguridad jurídica y mecanismos adecuados para apoyar a las industrias y corporaciones locales en materia energética. Además, pidió un respaldo con los cambios normativos que sean necesarios para apoyar a la cogeneración y a las industrias electrointensivas.

Durante la reunión interautonómica, que se prolongó durante más de tres horas sin que se produjera ningún cambio sobre las medidas que entrarán en vigor mañana, Veganzones exigió a la retirada del «decretazo energético de Sánchez».

Responsabilidad.

El consejero de Empleo, Comercio e Industria calificó la reunión, celebrada de forma telemática, como «inútil», ya que «el Gobierno sigue empecinado y no ha atendido ni una sola petición ni resuelto ninguna duda técnica. Ha sido todo un paripé al servicio de Sánchez».

Durante su intervención en la conferencia sectorial, Mariano Veganzones reiteró que la Junta «viene actuando con responsabilidad desde el principio» y buscando «soluciones a los problemas causados por el Gobierno de Sánchez, que «nos hace pagar a los españoles con nuestra libertad sus imposiciones e incapacidad, sus políticas energéticas y climáticas disparatadas, no avaladas por la comunidad científica».

Por eso, en nombre de la Junta de Castilla y León, el consejero reclamó «la derogación inmediata del decreto y de todas las normas energéticas y falsamente ecologistas aprobadas por este Gobierno que nos ha arruinado, impidiendo explorar y explotar nuestros recursos naturales». «Es inmoral justificar el racionamiento energético apelando a un posible corte del suministro de gas ruso cuando Sánchez ha multiplicado por cuatro la dependencia española de ese mismo gas ruso en el último año», subrayó Veganzones, a la vez que recordó que «la Unión Europea no impone prohibiciones ni recortes a los ciudadanos, sino únicamente recomendaciones», según informa la agencia Ical.

Frente a este «nuevo atropello del Gobierno de Sánchez», el consejero recordó en la conferencia sectorial que, tal como ha hecho la Comunidad de Madrid, «los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el decreto para valorar la oportunidad de recurrirlo al Tribunal Constitucional, ya que hay visos de que invade competencias municipales en el ámbito, por ejemplo, de los luminosos comerciales».

En su opinión, obligar a apagar las luces de los escaparates por la noche o limitar el aire acondicionado genera «alarma en la sociedad y en los sectores productivos».

Asimismo, Vengazones reiteró la urgencia de reducir la dependencia energética de España, «que es lo que nos va a permitir de verdad salir de la espiral de empobrecimiento a la que nos ha conducido el radical socialismo». «No hay Gobierno capaz de justificar que, encima de tener que apagar las luces por decreto o racionar el aire acondicionado, los ciudadanos estén pagando más que nunca en su factura por unos servicios de los que no pueden disfrutar con libertad», sentenció el consejero castellano y leonés.