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"La situación está fea y se va a poner mucho más fea"

A.I.P.
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El representante de la entidad advierte del riesgo de desaparición de empresas en la Comunidad que no podrán absorber durante mucho tiempo los sobrecostes de producción y continuar adelante con los proyectos sumando pérdidas

"La situación está fea y se va a poner mucho más fea" - Foto: Rubén Cacho ICAL

Las expectativas al finalizar 2021 de cara al nuevo año, claramente, no se cumplirán. Los precios disparados y la dificultad para encontrar suministros han enturbiado el escenario para el sector de la construcción en general y, en particular, para la obra pública. El cálculo realizado por la Cámara de Contratistas de Castilla y León apuntaba a una licitación de más de 2.000 millones de euros en la Comunidad autónoma a lo largo del presente ejercicio, pero la elevada inflación ha truncado estas previsiones y se situará entre «los 800 y 900 de 2020», el año del covid, y «los 1.400 de 2021», consdiera el presidente de la entidad cameral, Enrique Pascual Gómez.

La licitación de la obra pública se disparó en los nueve primeros meses de 2021 (un 45% más en Castilla y León respecto al mismo periodo de 2020; un 20,4% más en Soria). Desde el último trimestre del pasado año y en esta primera parte de 2022, ¿cuál es el panorama?

El panorama en el sector de la construcción es bastante dramático. Ya sufrió un ajuste tremendo en la crisis de 2008 que llevó a perder la mitad del tejido empresarial y en construcción esto no se recupera. Perdimos el 50% de los puestos de trabajo y la mitad de las empresas de construcción y auxiliares. En cuanto a la licitación pública, antes del covid teníamos buenas expectativas y 2020 tampoco fue dramático, bajamos un poco, lo razonable, y 2021 fue bueno. Pero se ha complicado enormemente con el aumento de los precios de las materias primas que ha derivado en una subida de los costes de producción por encima del 20%.

Además, por el proceso electoral, en Castilla y León se está licitando poco y vamos con mucho retraso. Y nos preocupan mucho las obras que se están quedando desiertas. 

¿Cuáles son las cifras?

En Castilla y León en 2021 y en el primer trimestre de 2022 se quedaron desiertas 160 obras por un importe de 24 millones de euros, que en términos de empleo directo e indirecto supone haber perdido cerca de 1.000 puestos. En la Comunidad, en 2021, se licitaron 369 obras por 161 millones y en el primer trimestre de 2002, 43 por un importe de 21 millones, lo que, obviamente, no guarda la proporción con lo licitado el año anterior. En Soria, el impacto de las obras que no se han puesto en marcha aún no es muy acusado, porque son cinco desiertas por casi dos millones, pero son 100 trabajadores menos en términos de empleo. Y eso que es una de las provincias menos afectadas.

¿Qué peligro existe de desaparición de empresas dedicadas a la obra pública en Castilla y León?

Las empresas están ejecutando obra pública a pérdidas y eso lleva a la extinción, van a desaparecer, seguro. También de industria auxiliar: ebanistería, carpintería metálica, puertas... Y esas no se recuperan. 

A nivel nacional se estima que cerca de 3.000 empresas de la construcción están a punto de desaparecer y se está produciendo un aumento de las insolvencias. Todo esto es debido a que los costes de producción subieron el año pasado un 23% y las empresas no han podido recuperarlo, porque el Real Decreto-ley del Gobierno es de marzo. 

¿Qué valoración hace del mismo?

Esa medida es insuficiente y escasa porque viene a compensar, en las obras de la Administración central, la pérdida como máximo de un 40% de los sobrecostes producidos y tenemos que asumir el otro 60% del incremento de los precios de las materias primas. En un obra de un millón de euros que se va a 1.250.000 euros, de esos 250.000 euros de sobrecoste no recuperas ni la mitad. Las empresas si ejecutan obras en pérdidas, en seguida se quedan sin liquidez y entran en quiebra. El Real Decreto es insuficiente y llega tarde, aunque al menos es una ayuda.

¿Qué más pueden hacer el resto de las administraciones?

Las administraciones locales dependen de lo que haga la Junta, no pueden hacer nada hasta que lo legisle. Hace tres semanas pedimos por carta que necesitamos que la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas para que los dos Real Decreto-ley (3/2022, de 1 de marzo, y 6/2022, de 29 de marzo) sean de aplicación también en la Comunidad autónoma [este jueves, el presidente de la Junta anunció las medidas para compensar el incremento del coste de las materias primas e insumos en los contratos públicos]. La situación está fea y se va a poner mucho más fea, hemos pasado a un punto de no retorno. El incendio está provocado y se trata de que no arrase el bosque entero.

¿Qué margen de maniobra tienen los ayuntamientos pequeños?

En cuanto la Junta de Castilla y León adopte las medidas, que es la que tiene competencia en ordenación del territorio, los ayuntamientos pueden hacer lo mismo. No es que no quieran hacerlo, es que por ley no pueden. Nos duele en el sector la lentitud de la administración a la hora de adoptar medidas. Día que pasa, tejido empresarial que perdemos. Y el sector de la construcción es de arrastre. Las empresas están altamente preocupadas.

Además del incremento de los precios, ¿cómo sufre el sector la crisis de suministros?

El impacto es anterior a la guerra de Ucrania y la guerra lo ha agravado. Ha habido problemas en el transporte y algunas empresas que no pueden repercutir a sus clientes los sobrecostes energéticos tienen que parar la producción. Y esto genera un problema de suministros, claro.

La construcción arrastra desde hace tiempo la falta de mano de obra especializada, ¿cómo afecta en la ejecución de contratos públicos?

La escasez de mano de obra es un problema estructural. En 2009 de 137.000 trabajadores pasamos en 85.000 y somos incapaces de incorporar más. En Castilla y León se necesitan 30.000 trabajadores más y no podemos conseguir ni 1.000. Esto afecta a todas las empresas que requieren mano de obra cualificada, pero a la construcción más. No somos capaces de ilusionar a la gente para que venga a trabajar, con un 40% de paro juvenil. Está claro que algo no cuadra, el problema está en la oferta y en la demanda. Creo que esto tiene muy mala solución a corto y medio plazo.

¿Existe el riesgo, por la inflación y la crisis de suministros, de que se construya con materiales de peor calidad?

No, porque el mercado no te lo compra. Hay unos estándares de los que no se puede bajar. Las viviendas tendrían que proyectarse en estándar  Passivhaus, hay códigos técnicos de edificación que determinan unos aislamientos, insonorizaciones... la calidad no se puede bajar. La construcción está encaminada a la industrialización, es decir, a la fabricación en talleres y montaje en obra (pladur, carpinterías...). 

¿Y en otro tipo de obras públicas?

Imposible. Una carretera no la puedes bajar de calidad, hay unos controles que equilibran calidad-precio, y no puedes hacer una operación que no sea rentable, que dure menos. Hay unos sistemas de control de calidad que hay que cumplir. Los problemas están en la falta de suministros y mano de obra, en la subida de precios y en que no hay mecanismos para que esos sobrecostes los pueda absorber la administración.

El Real Decreto-ley, por ejemplo, deja fuera el tema de la energía y no compensa el 100% de los sobrecostes, por lo que se está produciendo un enriquecimiento injusto de la administración a costa de pegarse un tiro en un pie, porque se pierden empresas, empleo... y, lo que no se gasta en pagar ese sobrecoste, se asumirá en mayores cuotas de desempleo. No entendemos por qué se compensa parcialmente y solo en unas obras, por unas limitaciones temporales. Si has hecho ya la certificación final de obra, no se compensa. Se da una paradoja: si una empresa en 2021 para la obra porque ve que los costes se le disparan, ahora la reactiva y se le aplica la revisión de precios; pero una empresa que asume esos sobrecostes y ha terminado la obra, no tiene ninguna compensación. Ni es justo, ni razonable. Y, además, incentiva las malas prácticas. Todas las obras de la administración son de interés social y tiene la obligación de velar por que no se paren, para no dejar de prestar servicios necesarios.

¿Qué esperanzas tienen en los fondos europeos Next Generation?

Los fondos europeos para la recuperación económica por el covid no los vamos a poder ejecutar. El poco dinero que ha llegado ha sido a cuentagotas. Había una partida importante y el sector de la construcción estaba ilusionado. Vemos que esos fondos no llegan y cuando lleguen no vamos a poder asumirlos. En estos momentos se están construyendo unas 70.000 viviendas anuales en toda España y la demanda es de 100.000, lejos de las 500.000, que no son necesarias, del 'boom' inmobiliario.

¿Es complicado en este escenario hacer una previsión respecto a la obra pública para este año?

En Castilla y León, las expectativas a finales del año pasado eran de 2.000 millones de euros en licitación pública, una subida fuerte comparada con los 1.400 millones que hicimos en 2021. Creo que nos vamos a mover entre los 800-900 de 2020 y los 1.400 de 2021. Los 2.000 millones eran razonables, teniendo en cuenta que el techo se tocó en 2009 con 4.500 millones. Vamos a luchar hasta morir, pero pinta mal.