El consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, señaló hoy en Salamanca que los sindicatos “no pueden ser juez y parte” en la elaboración de las bases reguladoras de las convocatorias de los programas de formación a desempleados, tal y como manifestó ayer el vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, a la conclusión del Consejo de Gobierno.
Barrios aseguró que las palabras de Igea se referían a “las recomendaciones de la Inspección de Servicios, claras y evidentes, para mejorar la gestión” de las bases de los programas de formación a desempleados, que “hay que cumplir”, y que en opinión del consejero de Empleo e Industria “no generan ningún problema” con los sindicatos.
De hecho, afirmó que en su reunión de ayer con los representantes sindicales “nadie puso en cuestión el diálogo social” y que, simplemente, se les explicó “en qué se basan esas recomendaciones, que son de mejora”.
Y es que, en materia de elaboración de las bases para la convocatoria de los programas de formación a desempleados, Barrios aseguró que los sindicatos “tienen derecho de información, pero no pueden ser correlactores o corredactores de las normas junto con la Administración, porque esa es una potestad de la Administración Pública”.
No obstante, sí recordó que los sindicatos están “en el diseño de las políticas y los acuerdos político-programáticos que se firman a través del Consejo del Diálogo Social, porque así lo dice la Ley”, y que en ese sentido “nadie cuestiona el diálogo social en Castilla y León” porque “ha supuesto mejoras importantes para los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma”.
De hecho, Barrios reiteró que “el diseño de las políticas activas de empleo, de las políticas sociales y de las políticas económicas se va a hacer conjuntamente con los participantes en ellos, que van a ser los agentes sociales y económicos y, por supuesto, la Junta en ese diálogo tripartito”.
35 horas
En cuanto a la negociación entre Junta y sindicatos para recuperar la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos, el consejero de Empleo e Industria afirmó que “se está negociando” y que se trata de un tema “ajeno al diálogo social”, al considerarse “una negociación bipartita entre la patronal, que en este caso es la Administración Pública de Castilla y León, y los sindicatos que representan a los trabajadores”.
“Va absolutamente ajeno al diálogo social tripartito”, reiteró Barrios, quien también aseguró que esa separación la entienden y aceptan tanto “los agentes sociales y económicos como el representante e interlocutor del diálogo social, que es el consejero de Empleo”.