El Govern de Pere Aragonès ha acordado este martes "restringir" sus relaciones políticas con el Ejecutivo central hasta que se esclarezcan las denuncias de espionaje a más de 60 independentistas y se "depuren" responsabilidades, un caso por el que planea emprender "acciones legales" a todos los niveles.

Así lo recoge el acuerdo aprobado por el gobierno de la Generalitat en su reunión ordinaria de este martes, en el que constata que la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante este "escándalo político" ha sido hasta ahora "del todo insuficiente", lo que "pone gravemente en peligro la confianza" entre gobiernos.

Esto obliga, señala el texto del acuerdo, a "restringir las relaciones políticas a las mínimas que se consideren en cada caso imprescindibles, hasta el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades al nivel que corresponda".

El Govern prevé impulsar "las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar" este caso de "espionaje tecnológico masivo" y ya avanza que solicitará al Consejo de Ministros el "acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el CNI o cualquier otra agencia estatal y la empresa NSO Group", autora del sistema de ciberespionaje Pegasus.