spc / valladolidExpertos constitucionalistas entienden que se puede plantear una nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para avanzar en derechos sociales y de igualdad entre hombres y mujeres y en la supresión de los aforamientos, entre otras materias, aunque también consideran que la Comunidad está consolidada después de cuatro décadas de andadura autonómica. Con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, que se conmemora el próximo 25 de febrero, los expertos en Derecho Constitucional Ángela Figueruelo (Universidad de Salamanca), Óscar Sánchez (Universidad de Valladolid) y Juan María Bilbao (Universidad de Valladolid) reflexionan, en declaraciones a Ical, sobre la máxima norma institucional y sobre sí existen margen para otra reforma o se ha llegado a su techo, aunque subrayan que, sí se hace, debe ser por consenso.

Los tres coinciden en que la Comunidad, que nació de la unión de los reinos de Castilla y de León, está consolidada cuatro décadas después, y «poco a poco» existe una mayor conciencia autonómica, en un Estado de las Autonomías, que ha acercado competencias a los ciudadanos y es «irreversible». Pero después de tres reformas (1994, 1999 y 2007), ¿existe margen para otra?

Ángela Figueruelo afirma que la Comunidad, cuya vida jurídica nace con el Estatuto de Autonomía, está consolidada y ve «superados ciertos problemas» iniciales con Segovia y León para cerrar el mapa. ¿En qué se puede avanzar? La constitucionalista cita los derechos sociales, recogidos por primera vez en la reforma de 2007, pero que pueden recogerse como derechos fundamentales, como la sanidad o educación. Figueruelo es partidaria de recoger la limitación de mandatos para que los cargos tengan un oficio, sepan que el puesto no es suyo. Sin embargo, es en la supresión de los aforamientos donde se manifiesta con mayor énfasis. 

Óscar Sánchez, uno de los ponentes de la última reforma, sostiene que «siempre es posible una reforma», porque «hay cosas que mejorar», aunque también añade que, en este momento, «no hay reformas urgentes». Entre esas posibles mejoras, refiere los derechos ciudadanos, clarificar competencias, aunque el ámbito estaría más en la reforma de la Constitución y su traslado a los estatutos, o «reformular» el sistema electoral. Para Sánchez, la reforma «más interesante» estaría en «el factor de la personalización» y listas abiertas, aunque ve una sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas y una infrarrepresentación de las grandes.

«El Estatuto de Autonomía ha crecido bien, mi impresión es que ha servido para reforzar el sentimiento de identidad», explica Juan María Bilbao, aunque también ve un «largo recorrido» hacia la vertebración. Respecto de nuevas competencias, sostiene que se ha llegado al techo y no hay «mucho margen», tras el rechazo del Constitucional a la gestión de la Cuenca del Duero y del «escaso interés» en hacer efectivo el traspaso de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia. Para Bilbao, ahora «la gran batalla» está en el nuevo sistema de financiación autonómica porque de este depende el buen funcionamiento de los servicios públicos que gestionan las comunidades.