El estado de alarma decretado por el Gobierno servirá para salvar los problemas jurídicos que se les puedan presentar a las comunidades autónomas a la hora de establecer medidas de lucha contra la pandemia que supongan limitación de derechos fundamentales. Como de nada sirve llorar sobre la leche derramada tampoco sirve lamentar que no haya una ley ordinaria que les permita maniobrar sin necesidad de temer la respuesta de los tribunales por la desidia del Ejecutivo, que no llevó la reforma de la ley de salud pública al Congreso, entre otras cuestiones porque es un debate jurídico abierto, y porque sostiene que solo con la medida de excepción es posible hacerlo.
El estado de alarma ha vuelto a convertirse en una cuestión de estado no solo porque sea el único instrumento que el Gobierno cree que es el adecuado para luchar contra el covid-19, sino que así lo han considerado los gobiernos autonómicos que han comenzado a aplicar los toques de queda para restringir los movimientos de los ciudadanos durante la madrugada y que así se lo solicitaron al Gobierno haciendo uso de la posibilidad que les daba la cogobernanza.
La decisión del Gobierno ha vuelto a poner de manifiesto la incongruencia de algunos gobiernos autonómicos que han recibido la medida entre críticas ante una norma que aúna criterios comunes con un amplio margen discrecional para la aplicación de actuaciones propias, de tal forma que se podrán aplicar con flexibilidad en cuanto a la duración del toque de queda –lo que salva el modelo de Madrid- y deja en sus manos la posibilidad de aplicar confinamientos perimetrales o el cierre de sus ‘fronteras’ con otras comunidades autónomas.
Que el estado de alarma no haya sido respaldado de inmediato por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que estaban pendientes de decisiones de los jueces así lo demuestra, cuando son las únicas que se han mostrado reticentes con la decisión del Gobierno, algunas de ellas se encuentran entre las que peores datos presentan sobre la incidencia de la pandemia en sus territorios, y cuando hasta los gobiernos nacionalistas, independentistas y regionalistas se muestran decididos a darle apoyo. Una vez más, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, actúa como en su día lo hacia el inhabilitado Quim Torra, y eso que ahora son los propios gobiernos autonómicos los que aplican las medidas “autoritarias”, que van en la misma línea que las que se encuentran en vigor en otros países europeos, incluso de forma más dura aún en la restricción de libertades públicas.
En esta ocasión y a la vista de que se trata de la única forma que puede contribuir a rebajar las infecciones, -ante la falta de éxito de las medidas adoptadas hasta ahora-, Pedro Sánchez contará con los apoyos suficientes para aprobar de nuevo el estado de alarma y su duración de seis meses, que podrán ser menos en función de su evolución. Al tratarse de un asunto de Estado sería imprescindible que por fin las medidas para afrontar la pandemia dejaran de ser un terreno abonado para las disputas políticas y es una buena ocasión para que el líder del PP, Pablo Casado, haga visible el viaje al centro iniciado con la moción de censura. En lugar de eso saca los pies del tiesto -lo que no hacen ni Ciudadanos ni nacionalistas- y pone condiciones para hacerse notar. Así, la ciudadanía seguirá alicaída y decepcionada por los enfrentamientos sobre su salud.