Editorial

El difícil encaje de un mayor gasto social con el control del déficit

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Los empresarios españoles ven con una seria preocupación las propuestas del acuerdo del Gobierno de coalición PSOE-Podemos, de marcado carácter social, por lo que supondrían en caso de aplicarse en su totalidad un aumento del déficit hasta el 3,5%, por encima de lo comprometido con la Unión Europea. Alerta la patronal de que, según ese programa, habría unos ingresos de 6.200 millones para una previsión de gastos de nada más y nada menos que 25.000 millones, lo cual dispararía necesariamente la deuda pública. 
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, incidía esta misma semana un problema serio que puede tener consecuencias negativas para la economía y la empresa, al tiempo que se mostraba partidario de la prudencia, de la contención de ese gasto y de sopesar detenidamente los pros y los contras de algunas de las medidas negociadas por Sánchez, Iglesias y sus respectivos equipos, como es el caso de la derogación de la reforma laboral. No cree el representante de los empresarios que se pueda llevar a cabo esa derogación de una sola vez, sin poner en riesgo la inversión, el empleo y la innovación industrial.
A su juicio, el nuevo Ejecutivo está obligado a trabajar por el progreso del país «con sentido de Estado y con lealtad institucional», como hacen los empresarios, que si se oponen a las medidas anunciadas no es por el simple gusto de estar en contra, sino por evitar la inestabilidad que puede derivarse de las mismas. No es lo mismo un déficit del 2,5% que otro del 3,5%, sobre todo cuando el crecimiento no va a pasar del 1,5% y más cuando hay que pagar una enorme deuda exterior.
En esta misma línea el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, coincidía en que la derogación de la reforma laboral ha de abordarse con la máxima prudencia para no frenar en modo alguno el crecimiento económico y la creación de empleo. Además reclama al Gobierno de coalición que ponga en marcha con urgencia algunas de las medidas anunciadas, y que no actúe en materia económica y laboral dejando de lado a las empresas, puesto que son estas las que van a contribuir al sostenimiento del empleo actual y a su incremento, así como a fortalecer la imagen de España en el exterior, siempre que cuenten con el apoyo suficiente por parte institucional.
No es el empresarial el único sector que mira con recelo el inicio de la legislatura. Los sindicatos y los colectivos de afectados consideran insuficiente la revalorización de las pensiones en un 0,9%, y exigen negociar la contrarreforma laboral, al tiempo que urgen otras medidas sociales. No va a ser sencillo poner de acuerdo a todos los implicados y menos aún contar con la aquiescencia de Bruselas. Se debe huir de toda precipitación y meditar a fondo cada nuevo paso.



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