La decisión de las plataformas de la mal llamada España Vaciada de crear una herramienta para concurrir a las próximas elecciones no constituye una sorpresa. A juzgar por la tendencia observada en la representación del Congreso de los Diputados, que ya apuntábamos el año pasado, y el juego de poderes territoriales que se está desarrollando en la Cámara Baja, la idea de buscar una representación a una gran parte del territorio del interior peninsular, que comparten el drama y el círculo vicioso de la despoblación, entra dentro de la lógica política actual. Otra cuestión es cómo encauzar está decisión desde el punto de vista ideológico, ya que en el Congreso se aprueban muchas leyes no territoriales.
La decisión pone en cuestión el trabajo de los partidos políticos tradicionales frente a los problemas de la España despoblada. Un trabajo que no gusta a los líderes de las plataformas ciudadanas, insatisfechos con los resultados de las políticas practicadas hasta ahora, y defienden que con su presencia en los centros de decisión pueden influir en la puesta en marcha de otras políticas que puedan revertir la trayectoria actual de sus territorios. El número de diputados en juego es tal, que podrían entrar con fuerza en el parlamento, formando grupo propio. Esto plantea dos cuestiones importantes que cabe subrayar. Por un lado, puede suponer la entrada de muchos más diputados que representen los intereses de territorios concretos. Significaría convertir al Congreso en una cámara donde se polarice la confrontación de los intereses territoriales, hasta ahora básicamente defendida por los partidos nacionalistas. Una deriva peligrosa en tanto que podría acabar empobreciendo el Congreso, si no se va más allá de la pura defensa de intereses locales. Por otro lado, puede suponer una cierta desideologización de la Cámara Baja, máximo órgano de representación de la ciudadanía, que es la que debe dirigir la política de Estado.  Se pondría en cuestión la función del Senado como cámara de representación territorial, cuando debería ser el marco donde se debatieran los temas regionales. Una reforma que lleva mucho tiempo planteada, pero que, por distintas causas, no ha llegado a realizarse. 
La empresa, aunque apasionante, no es nada sencilla puesto que hay que consensuar un proyecto político en el que falta todo por hacer, empezando por la propia delimitación de los territorios implicados. Hace falta cerrar muchas cuestiones, definir bien los objetivos y coordinar las políticas, conciliar muchos intereses, determinar, por ejemplo, cómo se establece el orden de prioridades para no acabar en peleas internas, o cómo se va a operar en los parlamentos de las distintas comunidades autónomas afectadas. La despoblación es un problema de Estado. Hay que recordar que esta iniciativa llega en un momento en que precisamente se ha tomado mayor conciencia de los problemas que asolan a una buena parte del interior peninsular, con una respuesta política todavía incipiente, pero más decidida, debido, en gran parte, a la presión de estos grupos.
Los problemas de la España despoblada, por otra parte, son más complejos de lo que se reflejan en las manifestaciones de las plataformas ciudadanas. Por más que se repita el lema de que nosotros también pagamos impuestos y por ello tenemos derecho a los mismos servicios, no puede ser una idea que justifique, por irnos al extremo, que cada pueblo deba tener una estación de AVE a la puerta de casa. Tampoco el problema es solo de déficit de infraestructuras y servicios. Hay muchos otros elementos. Pero la iniciativa aviva el debate territorial, puede ser un buen termómetro de la respuesta ciudadana ante las demandas de las plataformas, compromete a los partidos tradicionales y renueva la discusión sobre la reforma del Parlamento.