La política tenía antes en España algo que la diferencia de la que se practica hoy. Le escuché a Fernando Ledesma, exministro de Justicia con Felipe González, decir que la dimensión moral de la política democrática es insoslayable y que se puede concretar así: "No aprovechar el poder para mejorar de fortuna uno mismo o los próximos. No ofender, no agredir ni física ni moralmente al adversario. Exigir responsabilidades a quienes vulneren las leyes. Promover el bien común que hoy tiene una dimensión ecológica preservadora de nuestra "oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto", por decirlo en términos de la carta encíclica 'Laudato si' del Papa Francisco. Esforzarse por explicar una y mil veces las razones de las decisiones y de las omisiones. Rendir cuentas. Someterse a los controles que equilibran y evitan caer en el abuso de poder. Democratizar el funcionamiento de las organizaciones políticas. Trabajar con rigor. Mantener un hondo espíritu crítico, especialmente hacia sí mismo. En fin, prestigiar la política, una tarea inacabable e inacabada". Un buen programa. Lamentablemente parece que ni siquiera los socialistas han escuchado a Fernando Ledesma ni están por dotar a la política de esa dimensión moral insoslayable.
Los políticos están aprovechando el estado de alarma no para buscar acuerdos de futuro sino para destruir al contrario, en ocasiones con campañas que hacen sonrojar a cualquier demócrata. El propio Felipe González acaba de escribir que no se trata tanto de lograr un acuerdo amplio, como demandan los ciudadanos, entre responsables políticos e interlocutores sociales sino de "una metodología para acordar cada paso que haya que ir dando. Es impresionante, dice, pensar que la incertidumbre es la regla para todo". La incertidumbre y la improvisación interesada. El poder está utilizando el estado de alarma para modificar leyes, saltándose el imprescindible debate parlamentario, para hacer nombramientos de personas que no reúnen ni condiciones ni experiencia para los cargos que han de desempeñar, para saltarse la Ley de Transparencia y ocultar información y, lo que es más importante, para restringir derechos y libertades constitucionales, a veces con simples órdenes ministeriales, creando una alarmante inseguridad jurídica.
Hay dos ejemplos: la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica -ojalá me equivoque- busca más un respaldo a las decisiones del Gobierno que unos verdaderos pactos. No está en manos de expertos que hayan demostrado su capacidad de levantar países o empresas sino de un estimable político, Patxi López, que jamás ha trabajado en una empresa privada, y como vicepresidente, de Pablo Iglesias. No hacen falta más comentarios. Ellos decidirán, con mayoría socialcomunista, las reformas, ayudas y medidas que necesita el sector privado español para salir de la crisis. Que Dios nos coja confesados.
El otro es el de la Justicia. El presidente Sánchez dijo en el Congreso que el Plan del Ministerio para la justicia después de la crisis contaba con apoyos masivos. No es verdad. Jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados se han manifestado contundentemente contra el Plan. ¿Quién lo apoya entonces? La Justicia lleva parada desde hace dos meses --salvo para asuntos urgentes-- y no recuperará su actividad hasta, por lo menos, el 24 de mayo. Lo hará sin acuerdo, sin medios materiales, sin medios de protección adecuados y con un colapso anunciado por la cantidad de demandas que va a traer esta crisis. La inseguridad jurídica es otro de los factores que rema en contra de la recuperación económica. "Sin una justicia rápida y eficaz, ha dicho Fernando Gomá, España no se puede considerar un Estado avanzado". No lo es, entre otras cosas, porque la política de partido excluye a quienes saben cómo arreglarlo. Por eso, entre otras cosas, se desprestigia la política.