Quedan pocas horas para que, dependiendo de en qué Comunidad viva usted, pueda hacer de su capa un sayo y moverse, saliendo donde quiera y sin horario. El Gobierno de Sánchez ha decidido hacerse un "Ayuso" y, en vista de los buenos resultados electorales, dejar en manos de la ciudadanía la responsabilidad de evitar el contagio.
Porque el virus sigue entre nosotros con nuevas variantes y mayor poder de transmisión. Además, solo el 27% de los españoles han recibido, al menos, una dosis de vacuna y es la población que supera los sesenta años. Los trabajadores esenciales, jóvenes, están a la espera de la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca, objeto de un estudio criticado a nivel internacional, porque es la EMA, la agencia europea del medicamento, la encargada de velar por la seguridad de las vacunas. Mientras los resultados del citado estudio llegan, hay gente dispuesta a inyectarse la segunda dosis bajo su responsabilidad, como recomiendan algunos epidemiologos. Pero ni aún así les dejan.
Por tanto van a ser estos trabajadores y la población joven de este país los expuestos al contagio al desaparecer el estado de alarma y las restricciones que conlleva. Son, además, los que salen con mayor asiduidad y los que tienen menor sensación de riesgo.
El motivo que alega el Ejecutivo para desentenderse de la pandemia es el de siempre, el que ha precedido a todos los picos de colapso hospitalario: "salvar el verano" como antes fue la Navidad o la Semana Santa. La contradicción, lo que hace inexplicable la no prolongación del estado de alarma, es que solo con dos meses más se podría haber llegado al setenta por ciento de la población inmunizada y así, por ejemplo, los turistas ingleses, a los que su Gobierno no deja venir, habrían llenado las playas de la costa mediterránea.
Se comprende perfectamente la impotencia del lehendakari Urkullu, que lleva meses pidiendo a Sánchez que amplíe la alarma, ante la negativa de los jueces vascos a que imponga restricciones por su cuenta. Y todo esto cuando la Comunidad Foral de Navarra ha hecho público un informe que detalla el aumento de casos de Covid después de la reapertura de la hostelería. ¿Con que dictamen jurídico se va a prohibir la apertura del interior de los bares y restaurantes?
No es verdad que los gobiernos autonómicos cuenten con instrumentos legales para restringir derechos fundamentales. Expertos constitucionalistas recuerdan que solo el Estado, y en muy especiales circunstancias, puede hacerlo. Por lo tanto y, teniendo en cuenta que se deja en manos de los ciudadanos la responsabilidad de evitar el contagio, alguien debería, como hizo la dirigente alemana, Ángela Merkel, advertir de que ya no se trata de evitar el contagio del padre o los abuelos, se trata de salvar la vida. Porque los jóvenes, aunque no lo crean ni se lo planteen, también mueren por culpa del virus.