Lamentablemente la educación ha sido un constante campo de batalla entre las fuerzas políticas, probablemente porque como un fin esencial de la escuela es preparar a la infancia para ser ciudadanos responsables a través de la transmisión de conocimientos y valores -como señala el artículo 27.2 de nuestra Constitución- todos los partidos pretenden imponer «sus» valores. El miedo al ‘adoctrinamiento’  –imposición de un conjunto de ideas y valores de un determinado grupo o partido político- siempre ha estado presente en el sistema educativo. Y sobran ejemplos. En mi bachillerato cursamos una asignatura –Formación del espíritu nacional- claramente partidista. Hoy no faltan ejemplos. Varias editoriales catalanas presentan libros de texto que apoyan una ideología independentista, lo mismo que en el País Vasco o Navarra.
La última bronca se ha desatado con las actividades complementarias, actividades obligatorias que se realizan en el centro –a diferencia de las extraescolares- y dentro del horario escolar –muchas veces en colaboración con monitores o empresas externas- para complementar lo aprendido en las horas lectivas. Por el miedo a la manipulación de niños y jóvenes, VOX sostiene la necesidad del ‘pin parental’, un formulario para solicitar a los directores de los centros una información previa de cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o que puedan resultar intrusivos para la conciencia de los hijos y así poder dar o negar el consentimiento para la asistencia de sus hijos. Se apoyan en el artículo 26.3 de la Declaración universal de los derechos humanos («los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos») y en el punto 27.3 de nuestra Constitución («los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»).
El gobierno piensa de forma radicalmente distinta. Defiende que el artículo 27.1 de la Constitución («todos los alumnos tienen derecho a la educación») está por encima del 27.3 y que los alumnos tienen derecho a recibir, aunque sus padres no quieran, una educación «para el pleno desarrollo de su personalidad» porque “los hijos no son propiedad de los padres». Creo que los hijos no son propiedad de los padres como si fueran un coche, pero tampoco creo que pertenezcan al estado; los padres somos ‘custodios’ porque los niños nacen y pertenecen a una familia como miembros de unos vínculos más importantes que los que puedan tener con un gobierno. La familia es la primera escuela y la escuela es la segunda familia.
El problema de adoctrinamiento o libertad necesita mucho diálogo para alcanzar un equilibrio. ¿De verdad que el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos es «accesorio»? ¿Es posible que los padres puedan vetar actividades y elegir poco menos que una educación a la carta? Es muy necesario y urgente un pacto educativo que asegure la estabilidad –a salvo de cambios de gobierno- y convierta la escuela en el espacio de convivencia idóneo –con transparencia para mostrar qué se imparte, cómo se imparte y quién lo imparte- para adquirir los conocimientos, valores y herramientas que consigan que los alumnos se conviertan en ciudadanos críticos, responsables, solidarios y aptos para vivir libremente en una sociedad democrática.