El Gobierno está muy interesado en cerrar el polémico capítulo sobre la designación de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, y es consciente de que el conflicto se va a ir desinflando según avancen las horas tras pasar el necesario, pero no vinculante informe del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la primera conclusión que se puede desprender de la última rueda de prensa del Consejo de Ministros de este viernes, en la que se estrenaba María Jesús Montero como portavoz.
Son varias las vaguedades que ha utilizado la ministra portavoz para justificar el nombramiento de su ex compañera de sillón azul, a sabiendas de que es perfectamente legítimo, pero que no tiene ni un pase desde la apariencia que la política está obligada a demostrar siempre, y más en estos tiempos. Esta premura por pasar página se entronca dentro de una hoja de ruta de Pedro Sánchez que pasar por el control de los diferentes poderes del Estado, además de crispar y polarizar a la sociedad española. A pesar de que va cumpliendo hitos en ese enrevesado camino, y el más importante hasta ahora ha resultado el de la investidura con apoyo de un complicado compañero de viaje como Podemos y el embarazoso sustento que propicia la abstención independentista de ERC, todo parece estar sustentado por un frágil hilvanado que se puede descoser en alguna maniobra que se pase de frenada.
No hay que obviar la discusión, como hace el Gobierno desde su privilegiada posición, que propició en el seno del Poder Judicial la designación de Dolores Delgado, aun esquivando la polémica idoneidad de la exministra para el cargo de fiscal general del Estado, que tampoco lo es desde la visión más costumbrista y estética del término.
Todo ello a pesar de haberse avalado la decisión, con doce votos a favor y siete en contra, puesto que la amplia mayoría o incluso la unanimidad ha sido la constante de estas votaciones durante los casi últimos cuatro lustros. El Consejo General del Poder Judicial sabe que se van a suceder los supuestos procesales en los que la exministra y ex diputada del PSOE deberá abstenerse o podrá ser recusada, puesto que el cargo al que opta así lo requiere, quebrantando la solidez de la Justicia española.
Tanto el Gobierno como la oposición, lo que deberían asumir en estos momentos es un compromiso manifiesto que pasara por alejar de la intromisión política en las causas procesales, tengan fundamento político o no. Será la manera de salvaguardar la independencia judicial y procesal de los delicados conflictos que los juzgados están haciendo frente en estos tiempos. Cualquier decisión que se tome bajo la sospecha de una posible injerencia, debilitará seriamente las instituciones, y el Estado será un ente cada vez más frágil. Pero esa no debe ser ahora la preocupación del presidente del Gobierno.