Hemos asistido a episodios políticos que han significado cambios de gobierno o vaivenes en comisiones de censura que se han visto salpicados por el escándalo público y sospechas sobre la motivación y los intereses de los implicados. Se ha hablado de ambiciones personales (la ambición siempre está más descontenta por lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene) o de codicia (ambición sin ética); las dos suelen producir traidores. Parece que, en política, un aliado no es más que un traidor que espera su hora.

Un tránsfuga, según la RAE, es una “persona que, con un cargo público, no abandona éste al separarse del partido que lo presentó como candidato". La Wikipedia añade que “a menudo el transfuguismo tiene lugar por motivos ilegales, inconfesables y socialmente inaceptables más que ideológicos”. Son traidores al partido que les presentó a las elecciones y con sus compañeros de lista, desleales con los electores y, en mi opinión, una de las claves para explicar la desafección de la sociedad hacia la política y los políticos (los tránsfugas y los que se aprovechan de ellos); no parece éticamente aceptable la modificación y falseamiento del resultado de las elecciones, lo que produce una amarga sensación de fraude.

Este problema obligó, en 1998, al primer “Pacto Antitransfuguismo”, revisado en los años 2000, 2006 y 2020, en el que se definió el problema como “una forma de corrupción y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas" y prohibía que la utilización de los tránsfugas pudiera “cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas” proponiendo que nadie admitiera tránsfugas y que los que cambiaran de partido no alcanzaran ventajas económicas o de posición. La utilidad de estos acuerdos depende del grado de cumplimiento de los firmantes, bastante escasa hasta ahora.

La legislación no permite el mandato imperativo a los cargos electos (cada uno es dueño de su voto); los partidos políticos no pueden imponer decisiones a sus cargos, lo que garantiza libertad de voto pero posibilita el transfuguismo, que es una patología del sistema democrático que distorsiona la democracia. Cuando una persona acepta participar en la candidatura de un partido, se compromete a aceptar sus estatutos. En el caso de no compartir las decisiones, creo que la decisión ética y deseable es dimitir dejando el acta a disposición de su partido. En elecciones entre listas cerradas, se vota más a un partido que a un candidato, incluso al Senado.

También hemos visto muchos cambios en las listas electorales probablemente a causa de enfados y disgustos por no repetir en las listas. Los cambios de liderazgo que han acontecido en los partidos hacen que los nuevos leales se aúpen a los puestos de salida dejando fuera a “históricos” que buscan nuevo acomodo en otros partidos o crean uno nuevo para sobrevivir en el mundo político. Son los tildados de “traidores”. ¿Vocación o necesidad de un sueldo?

Todos los partidos critican el transfuguismo cuando les perjudica y guardan un sospechoso silencio cuando les favorece. Estoy convencido de que los partidos consideran un tránsfuga y un traidor, un Judas, a toda persona que les abandona para inscribirse en otro, pero consideran un convertido, una persona que ha visto la verdad y la luz, al traidor que abandona su partido para incorporarse al nuestro. Un converso, vamos, poco menos que un San Pablo.