Ha sido una celebración inédita, lo mismo que la situación política en la que se ha desarrollado el Día de la Fiesta Nacional cuando el país se debate entre la esperanza y el catastrofismo, consecuencia del encadenamiento de dos crisis sucesivas. Se puede ver al país camino de la descomposición, del fin del régimen del 78, de la abolición de la monarquía y abocado a convertirse en un régimen bolivariano. O se le puede ver como un país que ha demostrado ser la historia de un éxito colectivo que lo ha convertido en una de las veinte democracias plenas que existen en el mundo. “España cuando quiere, puede”, dijo Pedro Sánchez en la presentación del Plan de Recuperación.
Hay un sector de la sociedad española, incluidos determinados medios de comunicación que se empeñan en dibujar un escenario de guerracivilismo, de vuelta a los enfrentamientos políticos y sociales de los años 30 que derivaron en el momento más aciago de la España contemporánea. Quizá ven lo que no ve la mayor parte de la ciudadanía más preocupada por unas necesidades más perentorias que por determinadas guerras culturales. Todos los enfrentamientos políticos que se dan en estos días, presión del independentismo, enfrentamiento entre poderes del estado, polémicas con los jueces, casos de corrupción, crispación exacerbada en el debate político y social, se han vivido con antelación y también en aquellos momentos parecía que los mecanismos democráticos no podrían con ellos.
Las diferencias más notables entre esos momentos y el actual es que ahora el Ejecutivo está dirigido por un gobierno de coalición de partidos de izquierda, una situación inédita, que tiene que hacer frente a una pandemia igualmente inédita, y que la Corona no atraviesa sus mejores momentos por la decepción causada por el rey emérito que, como consecuencia de su sobreprotección, ha causado problemas a la institución que debía proteger. Pesar de todas las supuestas amenazas para las libertades y el estado de Derecho que se pregonan de la acción del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez, sus decisiones no pueden considerarse cercenadoras de las libertades y derechos, y las limitaciones impuestas por el estado de alarma son y han sido transitorias y controladas por el Congreso y por los jueces.
Solo desde una visión interesada puede afirmarse que el Gobierno está decidido a impulsar un cambio de régimen, cuando todas las declaraciones de los ministros socialistas, comenzado por las del propio presidente del Gobierno, subrayan que la monarquía parlamentaria es la clave del arco del edificio constitucional, y las decisiones adoptadas en torno al rey han tenido como finalidad su protección en lugar de su secuestro. Por supuesto que los ministros de Unidas Podemos no tienen por qué abjurar de su pensamiento republicano y están en su derecho de ejercerlo si consideran que el Rey Felipe VI ha podido romper la neutralidad a la que está obligado por mandato constitucional, en un episodio en el que quienes pretendían defenderle lo pusieron en un brete, como lo ejercen quienes consideran que tienen que gritar ¡Viva el Rey!, para demostrar su fe monárquica. Situar al rey en el centro del debate político es un recurso político que tiene un recorrido limitado y más corto aún si la ejemplaridad sigue siendo la norma de conducta de la Casa Real.