Hay una lógica inquietud en los ambientes empresariales y laborales sobre la duración que vayan a tener esos instrumentos, por desgracia tan conocidos, que permiten paliar las situaciones críticas por las que están atravesando tantas empresas, y sobre las condiciones en que, en su caso, podrán mantenerse. Es el caso de los ERTES, o de otras medidas (aplazamientos, moratorias, ayudas, etc.) que, con mayor o menor eficacia, se han puesto en marcha a medida que se ha ido comprobando que los efectos de la pandemia sobre la actividad económica eran serios.

Al principio existía aún la confianza en que se tratara de un problema transitorio de falta de liquidez, relacionada con la drástica paralización del flujo comercial, la caída del consumo, y la consiguiente reducción de pedidos y de ingresos. Con desigual intensidad y a distinto ritmo, casi todos los sectores económicos se han visto afectados, porque una gran parte de los negocios funciona en cadena y las dificultades de unos terminan por trascender a otros. De modo que el riesgo evidente, a la vista de la evolución sanitaria, es que la paralización retorne, y que una prolongada falta de liquidez vaya derivando en situaciones de auténtica insolvencia, con las consecuencias que eso puede tener.

De momento, el síntoma más revelador de ese proceso, que suele ser la proliferación de los concursos de acreedores, lo que antiguamente se llamaba suspensión de pagos, o quiebra, está un tanto disimulado. Ocurre lo siguiente: la legislación española obliga a los deudores que han entrado en insolvencia a solicitar su declaración judicial en concurso, para lo que disponen de dos meses, salvo que hayan podido entablar negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo que pueda evitar el concurso, lo que alarga el plazo. Pero una norma de urgencia, ahora ya convertida en ley, suspendió esa obligación, primero durante el estado de alarma, y actualmente hasta final de este año. La preocupación por lo que vaya a pasar a partir del próximo uno de enero está ahí y es grave. El tiempo vuela y la experiencia nos dice que esa vía del concurso de acreedores conduce con frecuencia a la liquidación de quien entra en ella. Por lo que urge que todas las partes, deudores, acreedores, trabajadores, financiadores, etc., activen salidas negociadas por anticipado antes de que la cosa se complique más. Siempre será mejor un acuerdo razonable, aunque sea con renuncias, que lo contrario.