El pasado número de El Día de Soria (2-3 de abril de 2022) publicaba en portada la entrevista realizada a Santiago Aparicio destacando su queja acerca de que «seguimos sin saber por qué se nos niega la fiscalidad diferenciada desde el Gobierno» mientras, en el interior, apuntaba a las «grandes decepciones» sufridas durante los últimos años, «sobre todo por parte de las Administraciones», años en los que han reclamado inversiones de apoyo al desarrollo económico para que «Soria tenga un trato igualitario al resto de provincias». Aparte de la contradicción en los términos, entre fiscalidad diferenciada y trato igualitario, lo que desde FOES se persigue, a partir del reconocimiento por la UE de «ayudas de funcionamiento» para Soria, Teruel y Cuenca a consecuencia de su baja densidad de población, es que las empresas implantadas o que se puedan implantar en un futuro puedan contar con una reducción del 20% en las contribuciones empresariales a la Seguridad Social amén de otras ventajas fiscales que, en su conjunto, supongan un incentivo bastante como para mantener y atraer actividad económica a esta provincia, actividad con la que luchar contra la despoblación y el reto demográfico.
La intención, sin duda, es buena pero la respuesta jurídica a estas cábalas de FOES es sencilla: La fiscalidad diferenciada no sólo es imposible, sino que además es contraproducente para Soria y también para Teruel y Cuenca. Es imposible por tres razones básicas: (I) porque conculcaría, para empezar, el 14 CE («los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social») resultando, ya de entrada, anticonstitucional una medida de ese calibre; (II) porque conculcaría, asimismo, el 31 CE («todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio») con lo que, nuevamente, resultaría anticonstitucional ese tipo de medida y (III) porque atentaría contra la libre competencia que, lástima grande, es uno de los principios básicos de la propia Unión Europea y que en España está protegida, entre otras normas, por la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio). Imposibilidad que no sólo impide iniciar ese recorrido, sino que, caso de iniciarlo, supondría una contingencia jurídica de tal calibre que nadie sensato se acogería a dichas medidas pensando en su remoción en los tribunales. Por si esto fuera poco, esa fiscalidad diferenciada resultaría además contraproducente para Soria y afines por cuanto, abierto ese melón, las mayores ventajas recaerían otra vez en los territorios más fuertes, económica y políticamente hablando, por ejemplo, País Vasco y Cataluña, cuya competencia hundiría aún más a la España Vaciada. 
Con lo que sí que estoy de acuerdo es con esas «ayudas de funcionamiento» en forma de inversiones productivas para la provincia de Soria, aunque también coincido con el Sr. Aparicio cuando dice que «no es fácil porque hay 50 provincias en España que están en la misma situación que nosotros y también quieren llevarse la inversión». Lo más cierto es que Soria, ahora mismo, no puede pensar en atraer nada porque esa competencia le supera en todo, sino que su primera misión sería mantener lo que tiene mientras cambia totalmente su estructura fusionando todos los municipios existentes en uno solo, lo que permitiría la mejor gestión de todos sus recursos y oportunidades. Cualquier otra cosa es perder tiempo… y tirar el dinero de todos los españoles.

Mario González (Mautiko Abogados)