Es muy difícil hacérselo entender a las familias de los seis mineros muertos y ocho heridos ahora hace seis años. A ver cómo les convencemos de que tiene sentido que su causa no haya sido juzgada aún, que lo ocurrido en el Pozo Emilio del Valle de Tabliza no pueda ser objeto de juicio oral a pesar de que ya está todo instruido, a pesar del dolor y los perjuicios de los afectados, a pesar de que se nos llena a todos la boca con eso del estado de derecho y moderno.

Es imposible hacérselo entender a los familiares de Ana Belén, cuyo marido Agustín confesó haberla matado al poco de ser detenido y que desde entonces está en prisión. El cuerpo de la mujer apareció en el interior de un coche aparcado en Miranda, pero como el asesinato se produjo en Vitoria, otra comunidad, la instrucción se prolonga con esta y otras peripecias y el juicio no tiene fecha de celebración aún. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que siga el colapso de las demandas de las cláusulas suelo de modo tal que, leemos en Diario Palentino, el juez del juzgado número dos de esa provincia debería diligenciar 180 demandas al mes para estar al dia? 

Este es un problema muy serio, del que poco se habla en la campaña electoral, cuyos perjuicios son particularmente arbitrarios porque suelen recaer en personas inocentes, beneficiar a delincuentes y, en general, exasperar a los ciudadanos que, sin el parachoques de la justicia, queda inerme. No es sólo problema de medios, que también. No lo es sólo de falta sensibilidad, que lo es desde luego, que se lo pregunten a la familia de Ana Belén. Ni siquiera lo es de procedimiento, que también. Es un problema de estricta y elemental justicia.