COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Llegar tarde y quedarse cortos

10/04/2021

España contará por primera vez con una ley de Cambio Climático y Transición Energética toda vez que el proyecto salido del Congreso sea votado en el Senado si se mantiene el tenor de las votaciones que permitieron su aprobación en la Cámara Baja, con la abstención del PP y de Más País y el voto en contra de Vox. Se repite, no obstante, una situación que se ha dado en otras ocasiones con otras leyes. Sin duda es una buena noticia contar con una norma que viene a legislar sobre un aspecto crucial para el desarrollo económico, social y medioambiental futuro, pero dada su tardanza en ser redactada, y a la vista de los objetivos que se plantea, sin duda se queda corta nada más nacer para el efecto que pretende, y lo hace con el hándicap de la inconcreción de fiarlo todo a posteriores desarrollos legislativos que pueden aguar las buenas intenciones.  

Los ejes de actuación que inspira la ley suponen un cambio sustancial en el modo de entender la forma de vida con el horizonte de la descarbonización total y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que tendrá consecuencias en todos los órdenes, desde la movilidad al transporte pasando por la producción de energía y su consumo en todos los sectores productivos. El año 2050 es el límite fijado para conseguir ese objetivo, según los compromisos europeos, y eso supone que España tendrá que correr para llegar a cumplirlos dada la posición más retrasada de la que se parte, y que los objetivos previstos a corto plazo no son demasiado ambiciosos. De hecho, serán revisados en 2023.  

Las ayudas europeas que se orientarán hacia la economía verde y la digitalización del modelo productivo son el gran acicate y la gran esperanza de que las metas globales los objetivos puedan alcanzarse en el plazo comprometido y van en la línea de fortalecer algunas tendencias que ya son imparables, como la implantación total del coche eléctrico, la utilización de energías renovables por las grandes empresas, que deberán establecer planes de acción climática, o el fomento del autoconsumo eléctrico. Y desde luego la implantación de una fiscalidad verde que anime al uso de estas energías y que sancione incumplimientos.  

Que la ley climática no haya conseguido un consenso mayor, con la abstención del primer partido de la oposición, puede provocar que se produzca un parón en su aplicación, bien porque otro gobierno no considere su desarrollo imprescindible, bien porque la inconcreción sobre los mecanismos para su implantación puede hacer naufragar sus buenas intenciones, dado que muchos de sus desarrollos quedan a expensas de la redacción de nuevas leyes, como la que hace referencia a la movilidad sostenible. O dependen de la acción legislativa de comunidades autónomas y ayuntamientos, que deberán establecer zonas de bajas emisiones si cuentan con más de 50.000 habitantes sin darles pautas de actuación, por lo que los tiempos dependerán de su compromiso con la lucha contra el cambio climático.  

Bien está lo que bien acaba si la próxima ley, con sus luces y sombras, resulta ser el instrumento eficaz que se pretende, si no sufre vaivenes con los previsibles cambios de gobierno en las distintas instancias y se acepta que revertir el cambio climático es un empeño que necesita de ambición y constancia.  



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