Cuando el pasado año se celebró el Día de las Víctimas en el Congreso, ya se había producido el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu que permitió salvar una de las prórrogas del Estado de alarma a cambio de la supresión de la reforma laboral del PP, que ha sido una de las imágenes más patentes y potentes de la colaboración del Gobierno con la formación heredera de Batasuna. Posteriormente dieron su voto afirmativo a los Presupuestos Generales para el Próximo año, a pesar de que no eran necesarios para su aprobación, pero que le convertían en un socio del Ejecutivo.

En aquella ocasión los diputados de EH Bildu asistieron al minuto de silencio y se marcharon, mientras el PP estaba dentro y fuera del Hemiciclo asistiendo al acto institucional y junto a las asociaciones de víctimas, que declinaron la invitación de acudir al acto de homenaje por las relaciones de Sánchez con los filoterroristas, sin escatimarle críticas. El pasado domingo EH Bildu asistió a toda la ceremonia y el PP, de nuevo junto a Vox, se ausentó del acto rompiendo la unidad de todos los partidos que había prevalecido en años anteriores.  Además de lo que el PP entiende como ‘el blanqueamiento de Bildu’, este año se ha cruzado el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco, que las víctimas consideran un nuevo agravio y ofensa, que se incrementa con los ‘ongi etorri’ a los presos excarcelados, que los gobiernos central y vasco tratan de evitar sin lograrlo.

Todas las acciones que realiza el Gobierno de coalición son leídas bajo la luz de su debilidad parlamentaria y el pago de los favores debidos a los partidos nacionalistas e independentistas, sin tener en cuenta otras consideraciones como el cumplimiento de obligaciones políticas estatutarias, o el propio acuerdo entre partidos que en su día declararon mostrarse generosos cuando el terrorismo acabara. La sociedad española logró terminar con ETA, obligó a los partidos que lo apoyaban a rechazar la violencia para volver al juego democrático, y a sus presos a aceptar la política penitenciaria que se aplica a cualquier delincuente. Y como a delincuentes que son no se les puede exigir nada que no se le pida al resto, aunque sus delitos de sangre provoquen mayor repulsa e indignación.

Y no está de más recordar que también el PP, con Aznar y Mayor Oreja en el Gobierno, aceraron a un mayor número de presos etarras. Si los que ahora se benefician de los acercamientos son sus dirigentes históricos es porque llevan más tiempo en prisión y las leyes lo permiten. ¿O se puede reprochar al Gobierno de Mariano Rajoy que tuviera que excarcelar a los setenta beneficiados de la derogación de la ‘doctrina Parot’ ordenada por el Tribunal de Estrasburgo? Los partidos conservadores y las asociaciones de víctimas tienen además una actitud preventiva acerca de la actitud que tendrá el Gobierno vasco una vez que reciba el traspaso de las competencias en prisiones. Temen que sea un coladero de excarcelaciones de etarras, obviando que esas decisiones pueden ser recurridas como ha ocurrido con los terceros grados anticipados de los presos del ‘proces’ ahora indultados.

El PP, por primera vez, no asistió al acto del Congreso. Otro puente roto que habrá que reconstruir, pero queda la sombra de que a este partido le vale todo para desgastar al Gobierno.