En 2008 las autoridades del reino de Arabia Saudí encargan a un consorcio de empresas españolas la construcción del tren de alta velocidad que unirá las ciudades santas del Islam, Medina y La Meca. El 24 de diciembre de 2011, el Rey Juan Carlos I en su mensaje de Navidad afirma que “la justicia es igual para todos” cuando su yerno Iñaki Urdangarín estaba siendo juzgado por el caso Noós. Apenas cuatro meses más tarde se produjo la insólita petición de perdón del padre del Rey tras haberse roto una cadera durante una cacería de elefantes en Botswana, en la que le acompañaba su amante Corinna Larssen. El 14 de junio de 2014 Don Juan Carlos abdica la Corona en su hijo Felipe VI que promete una monarquía acorde con los nuevos tiempos bajo los principios de transparencia y ejemplaridad. El 15 de marzo de 2020, Felipe VI repudia a su padre del que comienzan a certificarse, por las investigaciones de la fiscalía suiza, lo que era un secreto sottovoce, que el Rey había cobrado 100 millones de dólares en comisiones por el AVE del desierto, que tenía cuentas en el extranjero y que sus actuaciones “inquietantes y perturbadoras” (Pedro Sánchez) podían ser constitutivas de un delito fiscal y de otro de de blanqueo de capitales.
Han sido 12 años que han puesto en almoneda todo lo realizado por Juan Carlos I con antelación, el pacto constitucional de 1978 que convirtió España en una Monarquía parlamentaria, y a él en un Rey republicano que defendió la democracia la noche de Tejero y Milans. El Rey Emérito acompañó a los sucesivos gobiernos en la integración europea y en la consolidación democrática y había logrado que el debate monarquía-republica quedara en un segundo término. A cambio recibió una sobreprotección por parte de medios de comunicación e instituciones del Estado que iba más allá del principio de inviolabilidad que le defendía constitucionalmente, y del de presunción de inocencia del que goza cualquier compatriota.
Pero como en una vulgar película de cine noir solo ha bastado seguir la pista del dinero y cherchez la femme, en este caso ayudada por un policía corrupto que amenazó con poner patas arriba el Estado, para que quien disfrutó de reconocimiento acumulado se haya convertido en una amenaza para la institución monárquica que ahora encarna su hijo Felipe VI, quien con su actitud y el apoyo de los grandes partidos trata de levantar cortafuegos que defiendan la Corona frente a las intenciones de los partidos nacionalistas, que no quieren saber nada del pacto de la Corona, o de las formaciones republicanas que han visto una ocasión irrepetible para tirar por elevación como consecuencia de las prácticas poco éticas de Juan Carlos I que han socavado el prestigio de la Corona, piedra angular de la Constitución de 1978.
El Rey Emérito ha partido al exilio del que llegó a España y ha salido de forma pactada del palacio de La Zarzuela, la menos hiriente de las posibilidades que se barajaban como sanción política por sus errores. No es una huida de la justicia, como algunos se han precipitado a señalar en un juicio de intenciones muy interesado, que sería nefasta para sus propios intereses y los de su sucesor.
La imagen del exilio, sin embargo, no debe asociarse a otros casos precedentes, porque en esta ocasión no es producto de un enfrentamiento político, sino del reconocimiento implícito de unos comportamientos personales inapropiados.