Desde el pasado 1 de febrero y hasta el 30 de abril, se halla abierto el período para la presentación de las solicitudes de ayudas directas de la Política Agrícola Común para este ejercicio. En dicho presupuesto se incluye, entre otros, el régimen de pago básico, el verde, los complementarios a los jóvenes y el del régimen de los pequeños agricultores, a los que se suman todas las ayudas asociadas a la producción y el bono específico en el caso del algodón.
Por otra parte, en relación con la PAC, el Ministerio de Agricultura ya abrió el calendario para la elaboración del programa o plan estratégico que servirá como base para la aplicación estatal de la próxima reforma que probablemente se aplicará a partir de 2022 y donde se plantean importantes cambios desde algunas de las Comunidades Autónomas. Para la elaboración de este acuerdo se estima un plazo de unos 18 meses y otros seis meses más para su aprobación en Bruselas
En este escenario, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha hecho público un informe sobre la distribución de los pagos directos en 2017 tanto por regiones como por estratos de población en función de su edad o por el sexo de los beneficiarios. Y, la principal conclusión es que, por el volumen de los perceptores y, en menor medida, por el importe de las ayudas, el mayor porcentaje de los mismos se van para las personas mayores de los 65 años, teóricos jubilados, muchos en activo, mientras los jóvenes tienen una importancia reducida en número y en el montante de los fondos. Las mujeres suponen siempre una cifra inferior a la de los hombres, entre un 30% y el 40%, aproximadamente según territorios, menos en Galicia, donde las mujeres perceptoras superan ampliamente a los hombres, y en Asturias, donde al cifra es ligeramente superior.
Según los datos manejados por el FEGA, en 2017 el montante de los pagos directos ascendió a 3.557 millones de euros para un total de 678.919 beneficiarios. Los perceptores como personas físicas supusieron el 92,8% del total frente al 7,13% que representaban las personas jurídicas. En lo que afecta a los importes, las personas físicas cobraron en el 63,66 de las ayudas, mientras las otras recibieron el 36,35%.
En una lectura simple, se podría deducir que ese elevado porcentaje de cobros sería consecuencia de los pagos percibidos por grandes propietarios o corporaciones empresariales. Eso sería una parte de la razón. Pero también se debe considerar que, como personas jurídicas también se computan cientos de cooperativas donde se agrupan docena de miles de agricultores.
Descenso. Los datos referidos a 2017 muestran la fuerte caída del número de beneficiarios de las ayudas que llegaron casi al millón en la pasada década y que, en la actualidad, se han ido reduciendo progresivamente, tanto por la muerte de los perceptores, como, sobre todo, por las exigencia de que no se pudieran pedir ayudas por un mínimo de 100, 200 y, finalmente, de 300 euros, lo que dio lugar a renuncias o que muchos optaran por plantear peticiones conjuntas.
Atendiendo a la edad de los beneficiarios como personas físicas, de esas 678.919 solicitudes, nada menos que un 38,14 tenían edades superiores a los 65 años, mientras el montante de las ayudas percibidas suponía un porcentaje muy inferior, el 26,19%. Los datos ponen en evidencia que el grueso de los demandantes de esas ayudas se sitúa entre los 40 y los 65 años al representar este colectivo el 52,94%, mientras su porcentaje en los pagos sube al 59,81% de los fondos. El colectivo entre los 25 y los 40 años significa solamente el 8,30% en peticionarios y un 12,84% en el montante de las ayudas. Finalmente solo un 0,62% de los demandantes de pago tenían menos de 25 años y sus cobros representaban el 1,16% de los recursos pagados, justificando la necesidad de acelerar las políticas dirigidas al relevo generacional. En este estrato, el número de beneficiarios era solo de 4.184 personas, de las que menos del millar eran mujeres. En el conjunto de las peticiones, las mujeres representaban el 37,15% y los hombres el 62,8%. Si nos atenemos a los importes percibidos, las mujeres cobraron el 27% de los pagos y los hombres el 73%.
Diferentes escenarios. Los datos manejados por el FEGA constituyen una excelente radiografía sobre la situación del medio rural desde una perspectiva poblacional reflejando los escenarios diferentes en cada una de las Comunidades Autónomas. En Castilla y León, 68.693 peticiones se beneficiaron de pagos por un importe de 722 millones de euros. El 31,4% de los peticionarios tenían más de 65 años y los mismos recibieron 16%de las ayudas. Los jóvenes suponían solo el 0,78% y recibieron el 1,34% de los fondos. En Castilla la Mancha, los pagos directos ascendieron ese año a 465 millones para repartir entre 103.844 beneficiarios de los que un 41,65% tenía más de 65 años y percibieron el 28% de los fondos, mientras los jóvenes representaban el 0,54% con el 1,16% de las ayudas.
En lo que se refiere a los pagos por Desarrollo Rural, los mismos ascendieron en 2017 a 600 millones de euros para 152.700 beneficiarios. En este caso, a la hora de la distribución de los fondos, se mantuvo el peso de las personas mayores de los 65 años, el 21,65%, pero el colectivo dominante fue el de las comprendidas entre los 40 y los 65 años. La nota destacada fue el comportamiento de los pagos para las personas menores de los 25 años. Este colectivo supone solamente el 1,57%. Sin embargo, su participación fue muy superior a la hora de la distribución de los pagos llegando a suponer una media del 5,4%, pero que en algunas Comunidades Autónomas llegaron a superar el 9% debido a la política exclusiva dirigida a lograr un relevo generacional.