Una vez cumplido el confinamiento total de tres meses comenzado en marzo pasado, la economía se ha puesto por encima de la salud. Aunque muchas comunidades autónomas afirmaban que no querían perjudicar ni uno ni otro extremo, lo cierto es que han privilegiado el mantenimiento de la actividad económica. El máximo exponente de este criterio fue ‘salvar la Navidad’, revestido de una defensa de las tradiciones y las reuniones familiares pese a sus limitaciones, pero que vino acompañada de riadas de personas sin guardar las distancias de seguridad en las zonas comerciales. Las consecuencias de aquellos comportamientos se han visto reflejados de forma directa en el incremento de contagios de covid-19 de los últimos días.
Y si no hay problemas para mantener la actividad económica, ¿por qué no realizar el mismo esfuerzo para mantener la democracia –con su principal signo definitorio, las elecciones-, que es el marco que permite el desarrollo del conjunto de la vida de un país? El aplazamiento de las elecciones catalanas para el 30 de mayo, supone minusvalorar el concepto de democracia que se tiene que fortalecer en todo momento, más allá del debate jurídico y de las consecuencias judiciales que pueda tener esa decisión, de la que no se escapa que tiene mucho que ver con los intereses partidistas de los contendientes.
Los argumentos a favor y en contra del mantenimiento de las elecciones catalana para el 14-F o un aplazamiento ‘técnico’ de un mes podrían considerarse igualmente válidos, porque había casuística para hacerlo. Está el precedente de las elecciones vascas y gallegas, aplazadas desde abril a julio en plena primera ola de la pandemia y cuando existía un confinamiento domiciliario total, y existe el ejemplo de otros países de Estados Unidos a Portugal, que vota en presidenciales el próximo día 24 y se encuentra en confinamiento domiciliario.
En plena pandemia las elecciones de Estados Unidos registraron una altísima participación con la votación anticipada y el voto por correo. En las elecciones autonómicas del pasado mes de julio votaron un 10% menos en el País Vasco, y un 14% menos en Galicia, respecto a las que se celebraron cuatro años antes. En el caso gallego votó menos del 50% del censo y en ambos casos se disparó el voto por correo. Es decir, la preocupación por evitar los contagios llevó a una menor participación. Sin duda, ese dato también supone una falsificación de la democracia.
Por supuesto, el retraso de tres meses y medio de las elecciones catalanas supondrá que la vacuna haya llegado a un mayor número de votantes, lo que va acompañado de la previsión de que la presión de la pandemia sea menor y, en este sentido, el argumento de anteponer la salud de los ciudadanos que desean acudir a las urnas frente a cualquier otro procedimiento es inapelable.
Tres meses y medio en política puede ser una eternidad o que se entre en un interminable día de la marmota en una comunidad autónoma que tiene un Govern dividido y enfrentado por la actitud de sus dos socios ERC y JxCAT, y en consecuencia paralizado en un momento en el que Cataluña necesita una inyección de vitalidad y el Gobierno un interlocutor con el que abordar el problema catalán. Una dilación en la cita con las urnas que perjudica a quienes más posibilidades tenían de mejorar sus posiciones en el panorama catalán.