No descubro nada nuevo si vuelvo a decir que las leyes a aplicar en ayuntamientos y diputaciones se hacen pensando en poblaciones como Valencia o Zaragoza, pero nunca se calibra cómo aplicarlo en la España rural y vaciada. Así, se hace imposible cumplir con esas normas en municipios como los existentes en nuestra provincia. Digo esto ahora pensando en el trago que estará pasando la alcaldesa  de San Esteban de Gormaz, por un expediente urbanístico. 
Los expedientes urbanísticos son complejos porque se trata de remover os obstáculos para que los vecinos accedan a sus derechos preexistentes sobre el suelo que les pertenece. Y esos derechos no son ilimitados, cosa que muchas veces los propietarios no entienden y nos creemos que sobre nuestras tierras podemos hacer lo que nos de la gana. Por ser asuntos complejos, necesitamos informes de arquitectos funcionarios (no contratados administrativos), cosa que si no me fallan los cálculos solo tiene el Ayuntamiento de Soria. Ello quiere decir que los alcaldes hacen lo que pueden y lidian con estos problemas como con otros, como pueden, porque no se pueden cargar de arquitectos, ingenieros, letrados, etc en sus plantillas. Y si judicializamos el mundo local, no encontaremos personas que quieran ser alcaldes y alcaldesas. Pasará a ser una profesión de «alto riesgo».
Por ello, y desde estas líneas vaya mi solidaridad y comprensión con la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, y el reproche a quién le pide la dimisión. Cabría extraer aquí la frase de la biblia: «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra».