El Gobierno envió el jueves a Bruselas, con nocturnidad, el nuevo Plan de Estabilidad. Las previsiones macroeconómicas se antojan optimistas a pesar de ser catastróficas. Calviño ha dado por hecho que todas las fases de la salida del confinamiento se van a cumplir y que en el segundo semestre por arte de magia la economía se pone en marcha sin problemas y los españoles vamos a consumir como si no hubiera mañana. Por su parte, Montero calcula que los gastos derivados de la pandemia subirán por encima de los 50.000 millones y que los ingresos sufrirán una caída por debajo de los 26.000 millones, previsiones a todas luces irrisorias. El cuadro que les queda deja de una caída del PIB del 9,2%, un paro del 19%, un déficit del 10,7% y una deuda pública del 115%.
El Plan es muy parco en explicaciones sobre la forma en que van a cubrir el enorme agujero de las cuentas públicas. De momento, el Gobierno descarta cualquier sacrificio del sector público y vuelve a poner encima de la mesa la subida o creación de nuevos impuestos, que apenas aportarían 5.000 millones de euros, y que ya la Unión Europea no se creyó en los dos anteriores planes enviados. Así que da la impresión, de que los multimillonarios ajustes que deberá realizar se harán con más impuestos y con recortes en el sector público, a pesar de negarlo. Lo harán por necesidad y porque la UE lo exigirá, si queremos recibir fondos europeos. Curioso que en el plan no hay ni rastro de la renta mínima, esa que no se han cansado de decirnos que estaría lista este mes de mayo y que cubriría a un millón de ciudadanos. En todo caso, hay una partida de la que se habla poco, pero de la que el Gobierno sin ninguna duda querría echar mano. Es el fondo de ahorro del que disponen las corporaciones locales y que ascienden a la nada despreciable cifra de 28.000 millones. Jurídicamente no sé que viabilidad tiene, pero si pueden lo harán.
En definitiva, son unas previsiones que me temo serán corregidas a peor en los próximos meses y que, por cierto, la AIReF, desmintiendo a la propia Calviño, afirmó el mismo viernes que no podía valorar la coherencia y viabilidad del escenario previsto porque no ha recibido suficiente información. De hecho, el organismo plantea en un 40-60 por ciento la probabilidad de cumplimiento de las previsiones macroeconómicas.