Los grupos parlamentarios de los partidos que sustentan en el Congreso al Gobierno de coalición han presentado la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar las mayorías necesarias en la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento, que de esta forma materializan la intención del Gobierno de desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La negativa del Partido Popular de pactar la renovación de los vocales que tienen el mandato caducado desde hace dos años ha llevado a esa decisión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que espera contar para sacarla adelante con los votos de los partidos del bloque de la investidura.

En esta crisis institucional llaman la atención varios aspectos; el primero, el escaso respeto que tienen los partidos políticos por el cumplimiento de la normalidad constitucional cuando les puede perjudicar, para lo que no dudan en recurrir al bloqueo, al filibusterismo parlamentario, para impedir su renovación, pero se ha dado la circunstancia de que la renovación del CGPJ ha atravesado problemas cuando se da una doble condición: el PP se encuentra en la oposición y cuenta con la mayoría de vocales en esa institución.

En segundo lugar, es paradójico que quienes afirman que quieren despolitizar la justicia, -ayer mismo se manifestó en ese sentido el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos-, son quienes se benefician de la politización existente con una mayoría de vocales de extracción conservadora, que no dudan en utilizar su predominio para realizar nombramientos que afectan a la cúpula de los órganos judiciales -Tribunal Supremo y Tribunales superiores-, y promueven la elección corporativa de los vocales del CGPJ, porque de esa forma tendrían asegurada el predominio conservador en ese órgano. Una politización que además se traslada luego a otros órganos judiciales o políticos porque el PP es agradecido con aquellos juristas y jueces favorables a sus tesis, como existen ejemplos palmarios en la actualidad en tribunales, gobiernos autonómicos e incluso en la dirección del partido.

La excusa, que utiliza el PP, de que no se pactará la renovación del CGPJ mientras Unidas Podemos permanezca en el Gobierno, por considerar que se trata de un partido que pretende erosionar las instituciones, se le puede volver por pasiva porque la erosión procede también de su insumisión y porque en muchas autonomías y ayuntamientos gobiernan gracias a otro partido populista y antisistema y nadie pide que se rompan esos acuerdos para negociar. En lugar de acceder al diálogo con el Gobierno como han recomendado a Pablo Casado algunos de sus barones regionales, el PP ha preferido el enroque y cifrarlo a una posible sentencia en contra del Tribunal Constitucional, para que no se rebaje el umbral de tres quintos que marca la elección de los vocales y hace imprescindible el acuerdo de los dos partidos mayoritarios.

La propuesta de reforma a través de los grupos parlamentarios sin duda es un atajo que obvia la presentación de informes de otros órganos constitucionales, que a buen seguro alguno sería contrario a los intereses del Gobierno, pone de relieve que todos los partidos saben utilizar todos los resortes políticos y parlamentarios en beneficio propio, cuando lo deseable sería el consenso al que PSOE y PP aluden en vano.