Cada vez que salta a la palestra un asunto polémico que puede ser objeto de una interpretación sesgada la posición habitual de la opinión publicada y de los partidos suele ser maniquea, a favor o en contra sin gama de grises entre el negro y el blanco. La destitución del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos a cuenta del informe elaborado por sus subordinados a instancias de una juez de instrucción de Madrid, es para la oposición de derechas una afrenta a la Guardia Civil y una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial. El informe centraba las pesquisas en la celebración de la manifestación del 8-M aunque en los alrededores de esos días, tuvieron lugar variados acontecimientos masivos, el transporte público siguió en funcionamiento y no había limitación en los contactos entre los ciudadanos.

Es muy probable que la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de urgir el cese de su subordinado haya sido precipitada a tenor de lo que se dice en el informe, donde las conjeturas son más que las certezas, en el que alguno de los extremos han sido desmentidos por grupos mencionados, y en todo caso su validez como medio probatorio es puesto en cuestión en un nuevo debate doctrinal sobre su idoneidad, que además se extiende a la actuación de la propia juez, Carmen RodrÍuez Medel, que presuntamente se ha saltado las instrucciones de funcionamiento en los juzgados durante el confinamiento para solicitar informes, como ha puesto de manifiesto la Abogacía del Estado en un recurso que, aunque conocido ahora a tenor de la polémica, está redactado a mediados del mes de abril,  y sobre el que decidirá la Audiencia Provincial. Si a eso se añaden las dudas expresada por la propia juez a cerca de que no se hubiera podido demostrar la comisión de un delito de prevaricación es probable que el informe elaborado por la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, hubiera caído por su propio peso. No obstante, la juez también ha tenido un comportamiento singular al dirigirse por carta al secretario de Estado de Seguridad para advertir de que si el cese de López de los Cobos está relacionado con la instrucción que lleva a cabo se podrían estar cometiendo nuevos delitos. No parece que una misiva sea el medio adecuado para relacionarse entre órganos distintos de la Administración del Estado.   

Por si este episodio de judicialización de la política no fuera suficiente el Gobierno aprobó el último tramo de equiparación de los sueldos de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado que ha sido interpretado como un intento de soborno para acallar el malestar existente en la Guardia Civil, añadiendo más leña al fuego, porque si no era esa la intención se le parece mucho y al intentar solapar ambos asuntos no ha logrado ni tapar el primero, ni sacar rentabilidad política al segundo.

Y una derivada más, de la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Gobierno sobre la destitución del coronel con alusión a un hecho histórico se desprendía una suerte de llamada a la insubordinación. Al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no se le ha escapado la insinuación y ha realizado una llamada a la prudencia en un partido que en el fondo y la forma ha realizado unas intervenciones en la sesión de control, intercambiables con las de Vox.