El decreto publicado el sábado por la Junta de Castilla y León para disponer del personal sanitarios durante los estados de alarma ha suscitado todo tipo de protestas. Desde la totalidad de las organizaciones sindicales hasta las fuerzas políticas de la oposición. Los propios profesionales sanitarios han elevado el tono de su malestar, no tanto por el trasfondo del decreto, que pudiera ser asumido como caso de fuerza mayor en situaciones extremas, sino por las formas para su aprobación, sin respetar los plazos pactados en la negociación y sin preservar los derechos de los trabajadores. Más allá del impacto que pueda causar en la calidad asistencial, esta medida unilateral pone de relieve al mismo tiempo la nefasta percepción que tiene una parte de la sociedad, especialmente la que más sufre el azote económico, acerca de la eficacia de los cuadros funcionariales, y no precisamente los de la rama sanitaria. Porque basta con preguntar a muchos autónomos, pequeñas empresas, trabajadores y personal afectado por los ERTE para corroborar el hartazgo existente con respecto a la atención administrativa, justo en unos meses en los que era y es más necesaria que nunca.

Por ello, sería razonable que el estado de revista que lleva implícito el decreto dirigido al personal de Sanidad se replicara, en todo caso, a otros cuadros administrativos en aras a ese objetivo de libre disponibilidad y movilidad.

Todos tenemos que ser conscientes de que la pandemia ha destapado las carencias del sistema público de salud, cuando no hace tanto tiempo pregonábamos sin complejos su envidiable funcionamiento. Pero también ha roto las costuras de otros servicios estructurales de una administración laberíntica, sin suficientes recursos y con la capacidad de respuesta entumecida, como revela el doloroso hecho de que aún haya personas sin cobrar las ayudas de los ERTE. Aquí también deberían haber tomado cartas en el asunto para agilizar un zafio proceso, impropio de la era tecnológica y la multiplicidad de servicios.

Somos el país con mayor red de fibra y conexión a Internet de Europa y, en cambio, estamos a la cola de la gestión de fondos europeos, al dejar de tramitar el 72 por ciento de las subvenciones posibles. Ya no sé si es por la instrumentalización excesiva o, peor todavía, por la desidia administrativa. Lo que sí sé es que todo esto pone los pelos como escarpias.