La próxima semana, los agricultores y ganaderos de toda España se movilizarán con manifestaciones, concentraciones o tractoradas en defensa de la actividad del sector y de la supervivencia de las explotaciones convocados por las organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag. 
Aunque las protestas se habían convocado inicialmente el pasado mes de diciembre en solitario por Asaja, en línea con las celebradas en ciudades europeas como La Haya, París, Berlín o Bruselas, finalmente se ha acordado unidad de acción de todo el sector. Además, estas organizaciones pretenden que las protestas no se limiten solamente a los agricultores y ganaderos, sino que también participen otros sectores de la actividad económica en el medio rural al considerar que la muerte del sector agrario conllevaría igualmente el fin de otras actividades relacionadas con el mismo.
La convocatoria de estas movilizaciones coincide con la existencia de problemas muy concretos en determinados ámbitos, como en el olivar, tras la imposición de los aranceles por la Administración norteamericana y la tímida respuesta dada hasta la fecha por las autoridades comunitarias para el almacenamiento, así como por no aplicar medidas específicas para el olivar español al haber sido el único afectado por la medida de Trump, mientras no se aplican a los aceites de Italia, Grecia o Portugal. Si estamos en un mismo mercado, Bruselas debería haber dispuesto medidas especiales hacia España para compensar esa situación en un mercado único.De acuerdo con este escenario, las movilizaciones en Andalucía tendrán a la crisis del aceite de oliva como caballo de batalla, al igual que en otras zonas como Comunidad Valenciana estarían presentes los problemas de esta campaña con los cítricos y en Cataluña, Aragón o La Rioja con los precios de la fruta de hueso sobre la que, entre otros puntos, se plantea la necesidad de arrancar 10.000 hectáreas para ajustar oferta y demanda.
Sin embargo, al margen de los problemas coyunturales de algunos sectores, las organización de las movilizaciones va más allá incluso de las críticas solo contra la actual Administración agraria o, por elevación, al Gobierno y responde también a cuestiones económicas, políticas y sociales en el marco comunitario.
caída de la renta. Con carácter general, tras varios años de subidas consecutivas, el sector agrario quiere dar un aviso al Ejecutivo sobre la caída de la renta en este ejercicio de casi un 9 por ciento. Aunque la misma se ha visto afectada por las condiciones climatológicas, sequía en algunas producciones como vino o cereales y a los bajos precios percibidos en sectores tan importante por su peso como las frutas y hortalizas u olivar, el sector hace un llamamiento a la necesidad de disponer de más y mejores mecanismos para la regulación de los mercados, desmantelados progresivamente por las reformas de la UE sin poner sobre la mesa alternativas.
Desde el sector, además de más mecanismos para regular los mercados y defender los precios y los ingresos-renta por la actividad, también reclaman medidas para el seguimiento de los precios de los medios de producción, abonos, semillas, servicios seguros. 
En esa misma línea, se echan en falta unos mayores controles sobre la evolución de los precios de los inputs agrarios desde que un abono o una semilla salen de una planta industrial o de un multiplicador semillista, hasta su distribución en el campo. Se trata de una cadena oscura donde no se sabe muy bien dónde se quedan los márgenes y, en algunos casos, hasta la propia calidad de lo que se adquiere.
 Tras años de promesas, con Economía enfrente, el sector agrario reclama que haya por fin una Ley de la Cadena, para que agricultores y ganaderos tengan una justa remuneración de su actividad. En la misma dirección, se busca que se ponga fin a la venta a pérdidas, que tradicionalmente ha estado muy ligada a productos de gran demanda como leche o aceite.
problemas con la ue. Al sector le preocupa, además, la política de acuerdos comerciales de la Unión Europea en una doble dirección. A la hora de exportar, se considera que Bruselas hace menos de lo que podría y debería para abrir nuevos mercados para evitar tanto imposiciones de aranceles caprichosos como medidas fitosanitarias que, en realidad solo son barreras ficticias para proteger sus mercados.
El sector denuncia igualmente la política de apertura de fronteras comunitarias a las importaciones de productos agrarios en volumen y en precios, sin mecanismos de control y no exigiendo en muchos casos el cumplimiento de normas que sí deben cumplir los agricultores y ganaderos de los países miembros. 
Por otro lado, se denuncia el desinterés de la clase política por su actividad y, sobre todo, las posiciones hostiles desde las organizaciones ecologistas, medioambientalistas, veganas o las llamadas animalistas contra el modelo de agricultura en cuestiones como el cambio climático. Y es que se acusa al sector de todos los males como contaminador por el uso de materias activas en el laboreo de las tierras o por el bienestar animal, cuando agricultores y ganaderos son los primeros elementos activos en el mantenimiento del medio e igualmente los primeros interesados en tener una cabaña ganadera sana y productiva.
Por ello, en la primera reunión del ministro del ramo, Luis Planas, con las organizaciones agrarias se le pidió romper públicamente una lanza en defensa de la actividad positiva del sector en temas como el cambio climático, medio rural o bienestar animal. Algo que todavía no ha ocurrido, aunque el político reconoció su buen trabajo.
En definitiva, las movilizaciones se tratan de una llamada para un mejor funcionamiento de la política agraria, una PAC con suficientes recursos; un grito en defensa del reconocimiento del papel de la actividad agraria ante la sociedad por todo lo que supone de proporcionar una oferta alimentaria abundante, de calidad y a precios sostenibles y por su papel en la defensa y mantenimiento del territorio o lucha contra el cambio climático con un balance positivo.