En más de cuarenta años de régimen constitucional nunca se ha encontrado el momento adecuado para abordar una reforma constitucional y ese horizonte ni tan siquiera se vislumbra a medio plazo. Ha habido momentos en los que la pulsión para una modificación de la Constitución se ha dejado sentir con mayor urgencia, pero se ha aplicado la procrastinación, se ha dejado pasar el tiempo y los proyectos e informes que avalan algunos cambios en el texto duermen en un cajón.

Y eso que algunas de las modificaciones que se piden son de lo más lógicas y aunque de importancia política y urgencia distinta contribuirían a hacer más razonable el sistema político español. Introducir una mención a la pertenencia a la Unión Europea o nombrar a las comunidades autónomas puede tener menos incidencia que hacer del Senado una cámara de representación territorial, o acabar con las reminiscencias de la Ley Sálica, o con cualquier otra modificación de conceptos, sin duda muy relevantes para los grupos d e personas afectadas. En cualquier caso se trataría de realizar una reforma conjunta, para evitar la sensación de que a la Constitución se le ha puesto una cremallera era que se puede abrir y cerrar cada cierto tiempo. 

La salida de España del rey emérito, Juan Carlos I, ha reabierto el debate sobre algunos de los aspectos contenidos

en el título II de la Constitución relativo a la Corona. Co tiempo suficiente por delante para modificar el orden sucesorio, los comportamientos presuntamente impropios del rey emérito han centrado el foco en cuestiones como la inviolabilidad del rey mientras está en el ejercicio de su cargo, protegida constitucionalmente, o el aforamiento cuando deja de serlo y otro tipo de delitos relacionados con las injurias a su persona recogidos en el Código Penal. 

En ninguno de estos ámbitos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a tomar iniciativas. Lo más fácil sería despenalizar las injurias al rey, dado que fiscales y jueces suelen considerarlas una manifestación de la libertad de expresión. Para despojar a Juan Carlos I de su condición de emérito bastaría con una modificación vía real decreto. No parece que estos asuntos sean casus belli entre los socios del Ejecutivo , con otras preocupaciones más acuciantes encima de la mesa.

Impensable e imposible de todo punto es acometer una modificación constitucional que afecte a la Corona, dado que se trataría de una reforma agravada, referéndum y disolución de las Cortes mediante, para la que no hay una disposición favorable de la mayoría de los miembros del Gobierno, que en este caso cuenta con el apoyo del resto de partidos conservadores frente a republicanos y nacionalistas, para no debilitar la institución.

Si algunos sectores políticos tuvieron la esperanza de que se produjeran cambios sobre el estatuto jurídico de la Corona por la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, la salida del país del rey emérito, lejos de acentuar esa posibilidad le ha puesto sordina, porque en tiempos de tribulación lo mejor es no hacer mudanza.