La elaboración del Plan Estratégico donde ubicar las actuaciones de la próxima reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2022 constituye el principal objetivo de las actuaciones a desarrollar en los próximos meses por el Ministerio de Agricultura en coordinación con las comunidades autónomas. Tras una primera toma de contacto el pasado mes de julio, ahora se reanudarán los debates donde uno de los retos más importantes será la adopción de acuerdos que permitan una redistribución de los fondos de 47.682 millones de euros en cinco años frente a la estrategia de continuidad en los pagos aplicada en 2015 y los escasos resultados obtenidos en los últimos años con la política de convergencia de ayudas entre regiones. Las pretensiones de Agricultura, apoyadas muy especialmente por Aragón, Rioja o Castilla-La Mancha, chocan con las posiciones de otras regiones beneficiadas con el actual reparto. 
Con datos de 2019, de los 5.681 millones de pagos directos, Andalucía obtuvo 1.566 seguida a gran distancia de Castilla y León con 926, Castilla La Mancha con 736, Extremadura (547) o Aragón (453). La convergencia de ayudas, en todo caso, no sería de golpe sino de una forma progresiva. En Desarrollo Rural, el desajuste en el reparto de los pagos de 1.165 millones de euros es menos acusado, con 229 millones para Andalucía, 201 para Castilla-La Mancha, 158 para Galicia y solo 110 para Castilla y León.
Considerando la actividad de los beneficiarios, Atocha pretende que el conjunto de los pagos directos y ayudas por desarrollo rural vayan prioritariamente al agricultor genuino cuyos ingresos por la actividad agraria supongan, al menos, entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. Se pretende el mantenimiento y simplificación del régimen de pequeños agricultores, unos 300.000 sobre los casi 700.000 demandantes de ayuda, para quienes tengan entre seis y 10 hectáreas que percibirían una ayuda de entre 200 y 250 euros por hectárea. Se mantiene el sistema para actividad a tiempo parcial por su importancia en algunas zonas. No se aborda, por su complejidad, la figura de la situación de los mayores de 65 años jubilados que suponen el 38% de los solicitantes de ayudas.

Techo de 100.000 euros

Por el volumen de los cobros, la redistribución se concreta en la política planteada por Bruselas estableciendo el techo de los 100.000 euros por petición, con la posibilidad de una deducción por costes salariales del empleo que suponga la actividad. En la misma línea de redistribución se plantea un apoyo complementario a las primeras hectáreas de una explotación en base a los fondos que se obtuvieran por la limitación de los pagos por arriba.
Una tercera vía en esa política se concretaría en una mayor convergencia de ayudas entre autonomías ante el fracaso del sistema de regionalización aplicado en los últimos años por el que se mantienen importantes diferencias entre los cobros de un agricultor o ganadero por desarrollar la misma actividad.
Actualmente en la aplicación de la PAC hay medio centenar de regiones en tierras de secano, regadío, pastos y cultivos permanentes. En sectores como el olivar, donde las ayudas se aplican en función de los rendimientos declarados en su día, las tierras más productivas en zonas de regadío en Jaén perciben ayudas de más de 600 euros por hectárea, mientras los olivares de baja producción en otros territorios en secano, como en Castilla-La Mancha, las ayudas se quedan lejos de los 100 euros. 
Atocha contempla ahora que la ayuda básica a la renta o pago directo que perciba un agricultor en la región más alta, no debería superar entre cinco y siete veces al importe en la zona más baja. Igualmente se aboga por la posibilidad de aplicar ayudas desacopladas a sectores que fueron excluidos de las mismas sin razones objetivas y que actualmente tienen dificultades por su baja rentabilidad. Agricultura tiene previsto, de hecho, reducir el número de regiones.
La cuarta vía para la redistribución de los fondos se concreta en la revisión de la política de los derechos individuales y de los derechos históricos por los que es hoy es posible percibir ayudas sin tener la actividad que generó las mismas, tanto en la agricultura como en la ganadería. Objetivo del Gobierno es que los procesos convergencia de ayudas se puedan lograr en 2023 y, a partir de ahí, proceder progresivamente a la supresión de los derechos individuales hasta 2025 y pasar a un sistema de pagos por superficie.
De cara a la próxima reforma, en ese Plan Estratégico, una de las novedades más importantes es la implantación de los eco esquemas, programas en materia de compromisos medioambientales o de la biodiversidad más allá de las actuales exigencias comunitarias en la política verde o la condicionalidad reforzada percibiendo por ello unos pagos complementarios. Cada país tiene la obligación de presentar y ofrecer los posibles escenarios. España ya lo ha hecho diseñando un total de ocho eco esquemas sobre los que agricultores y ganaderos hoy tienen la posibilidad, no la obligación, de presentar sus programas. Agricultura contempla asignar para estos eco esquemas el 13% del montante de los fondos para pagos directos en el marco de la exigencia comunitaria que la política verde suponga al menos el 40% del total del presupuesto.