El Brexit va camino de convertirse en la navaja suiza de quienes aspiran a lograr recortes de políticas comunitarias que consideran un agravio respecto a sus intereses nacionales. En esa paradoja que es acudir a Bruselas a exigir lo suyo, algunos países están cerca de doblegar la voluntad de las economías más dependientes de su sector primario y laminar los fondos destinados a la Política Agraria Común y a la cohesión de los estados de segunda velocidad. La propuesta pretendida por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cercena en un 14% el presupuesto para el campo y en otro 12% el capítulo de cohesión. Para España, ese planteamiento es sencillamente inasumible. De fondo, el portazo de los británicos y el impacto que tendrá sobre el presupuesto comunitario la pérdida de la quinta economía del mundo.
El jefe del Consejo ha encontrado contestación en otras instituciones comunitarias, como el Parlamento o la Comisión, y mañana se citan en Bruselas los jefes de estado o gobierno de la Unión. Hay, por tanto, margen de maniobra, pero la propuesta no deja de señalar una dirección que tradicionalmente ha partido en dos bloques el statu quo europeo, situando a España, y esto tampoco es baladí, en el frente mayoritario del debate. Es esta invectiva del belga uno de los principales retos que tendrá que encarar de forma inmediata el nuevo gobierno de coalición. La titular de Exteriores, Arancha González Laya, tiene en este desafío una oportunidad de demostrar altura, capacidad de influencia y mano derecha en el concierto europeo. De lo que se pacte para la PAC dependerá tanto el nutriente financiero del campo español hasta 2027 como lo que a partir de entonces se venga a acordar en una Europa que debe demostrar con pulso firme que es capaz de carburar sin el Reino Unido y que sabe cohesionar más sus políticas productivas frente a un mercado globalizado pero cada día más abiertamente hostil, arancelario y competitivo. Esta negociación es un punto de inflexión: si perdemos ahora, perderemos para siempre.
Tampoco resulta convincente el viraje defendido por Michel al pretender destinar más fondos a luchar contra el cambio climático en detrimento de la PAC. Promete, además, una mayor flexibilidad, eufemismo detrás del que se esconde la tentación de los estados miembro de gozar de una mayor discrecionalidad a la hora de decidir el destino último del dinero. Menos control, más riesgo. Y, de fondo, la gran contradicción: la misma Europa que habla de repoblar el interior, garantizar la cultura rural y la supervivencia de su sector primario postula un recorte que ni siquiera debe ser tomado en serio por los países del Sur continental. El plante es obligado.