El pasado 19 de este mes finalizó el plazo abierto por el Ministerio de Agricultura para la presentación de alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que el departamento de Atocha pretende, por una parte depurar el actual Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y, por otro lado, procede de una forma mucho más expeditiva que con los planes Renove, a sacar de la actividad a los tractores viejos que no cumplan las condiciones mínimas de seguridad para sus conductores o que sean altamente contaminantes. Agricultura analizará las alegaciones y no se descarta la posibilidad de introducir cambios en cuestiones de procedimiento, pero nunca en el objetivo central de la nueva disposición que es ganar seguridad, eficiencia y contaminar menos.
Durante los últimos años, bien con la denominación del Plan Tierra o de los Planes Renove, el Ministerio de Agricultura ha procedido a la aplicación de medidas para renovar el parque de maquinaria agrícola mediante la compra de tractores, máquinas autopropulsadas o aperos nuevos, con importantes subvenciones siempre que la maquinaria vieja fuera al achatarramiento. El plan ha contado en los últimos años con un presupuesto fijo de cinco millones de euros dada la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y los mismos han servido en unos casos para actualizar solo un tipo de maquinaria o aperos y en otros para toda la maquinaria agrícola. En medios del sector se ha señalado en ocasiones la escasa dotación del Plan con esos cinco millones de euros. Sin embargo, más que de excesos o carencias de recursos, todo parece indicar que el problema es dar con la fórmula para que la renovación de un tractor sea atractiva para el agricultor. Mientras unos años han sobrado fondos por falta de demanda, en otros las peticiones han desbordado las posibilidades de ayudas han sido superiores
Al margen de que el Plan Renove se siga aplicando a partir de 2020 y que el mismo pueda tener además un presupuesto más elevado si se diera el caso de contar con unos nuevos presupuestos con un nuevo gobierno, Agricultura tiene clara su apuesta por actuar ya sobre el parque de tractores en aras de la seguridad de sus conductores. 
La nueva disposición contempla la imposibilidad de vender y registrar un tractor de segunda mano si el mismo ha superado los 40 años desde su primera inscripción en el Registro Oficial de maquinaria del Ministerio de Agricultura y que no disponga de las necesarias medidas de seguridad como cabina antivuelco, bastidores etc., y los 25 años si se trata de maquinaria automotriz. Un agricultor propietario de un vehículo de esas características, que tenga más de 40 años y que no cuente con esas medidas de seguridad, lo podrá seguir utilizando. Sin embargo las Comunidades Autónomas tendrán la posibilidad de dar de baja de oficio a esos tractores  para eliminarlos. Sería una media delicada en su aplicación, que debería considerar la situación de cada explotación y de cada conductor, lo que, en muchos casos, acarrearía problemas a miles de personas que los utilizan en pequeñas explotaciones agrícolas  sin capacidad para comprar un aparato nuevo, aunque fuera con subvenciones.
Las ventas de tractores se han situado en los últimos años en una media de entre 11.000 unidades que en 2018 fueron de 11.333. Frente a una cierta estabilidad en la compra de tractores nuevos, el mercado de segunda mano no ha parado de crecer para pasar en los últimos años de 25.000 a las casi 29.000 unidades en 2018. Una parte importante de esos tractores corresponden al mercado interior. Pero, según los datos manejados por la Administración, dos de cada tres corresponden a tractores importados desde países del este de los que existen menores garantías sobre la fiabilidad de los mismos a efectos de seguridad.
 La directora general de Producciones y Mercados, Esperanza Orellana entiende que España no puede convertirse en el vertedero de chatarra de otros países cuando el objetivo es lograr una mecanización acorde con las nuevas tecnologías por ahorro y eficiencia, además de los aspectos de seguridad y medioambientales. 
Actualmente, el parque de los tractores se eleva oficialmente a casi un millón de unidades. Sin embargo, el número de aparatos que operan realmente en la actividad agraria se situaría en un máximo de 400.000, lo que supone la necesidad urgente de depurar el censo del registro. 
Para Orellana, se trata de una medida necesaria si se tiene cuenta que anualmente se registra una media de 80 muertes que en muchos casos se podrían evitar simplemente si los tractores hubieran tenido las necesarias estructuras de seguridad con cabinas antivuelco. De cara al futuro, y con el fin de segur facilitado la renovación del parque de maquinaria agrícola, desde la Administración se indica la posibilidad de que el Plan Renove se acompañe con políticas de créditos financiados. Desde Atocha se insiste igualmente en la importancia y la necesidad de avanzar en seguridad y reduciendo emisiones de gases efecto invernadero, pero también en la importancia de que los agricultores, además del buen mantenimiento de la maquinaria para un uso más eficiente del consumo, elijan siempre los modelos de tractores más adecuados para sus explotaciones y que las compras no se hagan, en muchos casos, solo en función de ofertas de una maquinaria.