El gobierno dirá lo que quiera, que respeta la Ley y la Constitución, pero visto lo visto y lo que estamos viendo, hay razones suficientes para pensar que el gobierno arrincona el Estado de Derecho y toma iniciativas que tienen como objetivo mantenerse a perpetuidad al frente del país. País que va a quedar muy devaluado tras las políticas que pretende acometer con los independentistas y con la ayuda inestimable de Podemos, a los que España le importa lo justo. Como a Pedro Sánchez, que no desperdicia oportunidad para dar argumentos que lo demuestran.
Aquí se ha debatido sobre amnistía, indultos y reformas del código penal para tratar de adivinar qué iba a promover el gobierno para que los independentistas condenados a prisión no tuvieran que cumplir la pena. A la hora de la verdad, no han hecho falta ni amnistía ni indultos ni rebaja del delito de sedición sino, simplemente, utilizar a los jueces de vigilancia penitenciaria de una comunidad, Cataluña, que tiene traspasadas las competencias en esa materia.
Desde el principio estuvo en la mente del gobierno la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite a la Junta de prisiones ser flexible en los plazos y pedir libertad condicionada al juez de vigilancia de determinados presos. Los jueces de vigilancia penitenciaria se mueven en términos marcados por la ley; pero pueden ser dadivosos o estrictos con los presos según criterios subjetivos, personales. Por ejemplo, su estimación respecto al comportamiento o el arrepentimiento del encausado.
Meses atrás, fiscales de la Sala del Tribunal Supremo que juzgaba a los presos pedían medidas para impedir que en el caso de ser condenados recibieran un trato de favor. Incluso, a punto de conocerse el fallo, solicitaron al presidente Marchena que incluyera en la condena el “periodo de seguridad” que impide que un condenado acceda a los beneficios penitenciarios. Se temían lo peor, el 100.2. El magistrado presidente no lo consideró necesario y ha sucedido lo que muchos temían, los fiscales los primeros: Forn y Cuixart ya pueden salir unas horas varios días a la semana y ahora lo harán Junqueras y Romeva, tres días a la semana durante seis horas.
Con este gobierno saltarse la ley es barato. Se las arregla muy bien para conseguir sus objetivos utilizando para ello, si es necesario, el engaño, la mentira, no aplicar una decisión europea a una dirigente extranjera que podría hacer declaraciones comprometidas o buscar la forma de que unos jueces de vigilancia encuentren la manera de que no tengan que cumplir determinados plazos unos presos que, para apoyar al gobierno, exigen estar en libertad.
Y mientras, los españoles que defienden la Constitución siguen pensando mayoritariamente que jamás su gobierno va a doblegarse ante los independentistas que pretenden referéndum, indulto, relator y autodeterminación… Se equivocan. De momento, tenemos ya a los presos en semilibertad. Incluir el periodo de seguridad en la condena lo habría impedido.