El PSOE va bajando su valoración encuesta tras encuesta, medida tras medida, deslegitimación de una institución tras otra, aunque las elecciones están muy lejos y eso pueda cambiar. Pero esa caída de aceptación popular contrasta con la adhesión inquebrantable de su último Comité Federal en el que no se oyó una sola crítica a la concesión de los indultos ni a ninguna otra medida del Gobierno, ley trans incluida. Es cierto que faltaron, por diversas razones, los únicos barones que tienen una cierta voz crítica -Lambán, Page, Fernández Vara y una Susana Díaz ya amortizada-, pero lo que se demuestra es el poder absoluto del que dispone el secretario general del PSOE sobre el partido. Un apoyo, por otra parte, que difiere poco del que tiene Casado en el PP o quien mande en cualquier otro partido sobre sus dirigentes y sus bases. Seguramente los partidos son las organizaciones menos democráticas y transparentes del entramado institucional. Pero, ante el silencio de una sociedad atomizada, seguidista y mediocre, los aparatos de los partidos tienen todo el poder y no dejan resquicios para el debate porque el resto de las instituciones o están en cuarentena o callan y otorgan.
El Comité Federal del PSOE aprobó en 2015 una resolución prohibiendo al secretario general negociar con partidos que defendieran no ya la independencia sino el "simple" derecho de autodeterminación. Ya hemos visto lo que ha pasado. El presidente Sánchez se ha manifestado en repetidas ocasiones contra los indultos y negó rotundamente que un Gobierno del PSOE pudiera concederlos. Ya hemos visto lo que ha hecho. Negó a Podemos y duerme en la misma cama desde hace tiempo y apoya leyes que quieren dinamitar los valores esenciales de la sociedad. Pero tiene razón el presidente cuando habla de la "capacidad extraordinaria de la sociedad española" de "transformarse" y "aceptar nuevas realidades". Traducido, quiere decir: "estos se lo tragan todo y cuando venga la derecha no se atreverá a cambiar nada". Así que habrá negociación con Cataluña, tal vez amnistía y, si les damos tiempo, como dijo Rufián en el Congreso, un referéndum de autodeterminación.
No hay ahora mismo ni una sola institución -y el PSOE no es el único responsable, pero sí el principal desde el Gobierno- que no esté tambaleándose, con riesgos de su independencia o sometida a ataques y descalificaciones, incluso desde el propio Gobierno o de sus socios: la Corona, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la misma Iglesia* No solo los indultos o la falta de respeto a las decisiones judiciales certifican que los españoles no son iguales ante la ley; que, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores ordene al Ejército no identificar al líder del Polisario y oculte su identidad es otro ejemplo del uso o abuso del poder frente a la ley. ¿Cómo va a creer Europa en la independencia de nuestra Justicia si el Gobierno la desprecia y deslegitima?
La izquierda que representa el PSOE, está en un laberinto, cuyo final nadie conoce. Por el camino que la lleva Pedro Sánchez está cerca de abandonar la socialdemocracia para echarse en brazos de quienes quieren acentuar las dos Españas, devaluar el Estado y las instituciones y destruir la democracia. Para conservar el poder se ha puesto en manos de quienes quieren desvincularse de España o, cuando menos, de consagrar los privilegios y la desigualdad, incluso ante la ley, entre ciudadanos de un mismo país. Si lo hace, será en parte por el silencio culpable de muchos socialistas, pero también por la incapacidad del centro derecha para ofrecer una alternativa sólida y solvente que legitime la democracia.