Las comisiones de investigación parlamentaria tienen un serio problema de concepto y de eficacia, hasta el punto de que solo sirven para provocar un ruido innecesario derivado de las diatribas sobre su conveniencia u oportunidad, y de los deseos partidistas de infligir un daño político al adversario. Que además se solapen con investigaciones judiciales demuestra que la intención de los proponentes es generar un ambiente enrarecido, juicios paralelos y en definitiva la práctica de una política con minúsculas para la parroquia. 

Se acaba de asistir a como los partidos utilizan una doble vara de medir a la hora de debatir sobre autorizar o denegar la creación de sendas comisiones de investigación relacionadas con uno de los delitos más recurrente en la corrupción política, la financiación ilegal de los partidos y las mañas para tratar de ocultarla, que no otra cosa es el caso kitchen. La mayoría de la investidura que ha impedido la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas de Podemos, que están siendo investigadas por un juzgado de instrucción de Madrid, es la misma que está dispuesta a aprobar que se cree una sobre las presuntas actuaciones "parapoliciales" desarrolladas por la "policía patriótica" para robar documentación comprometedora a Luis Bárcenas, que investiga un juzgado de la Audiencia Nacional. Si en el primer caso las pesquisas se encuentran en una fase inicial y la fiscalía de Madrid ha limitado el alcance de la denuncia del exabogado de la formación a las relaciones económicas con la consultora Neurona, en el caso que afecta al PP se da la misma circunstancia, y la Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar su escrito de conclusiones, con lo que la evolución de ambos asuntos queda en manos de los jueces que los instruyen. 

Las dos últimas comisiones parlamentarias de investigación sobre las finanzas de los partidos acabaron en un fiasco monumental. El PP respondió a la creación de una comisión en el Congreso sobre sus finanzas con una otra en el Senado, dónde contaba con mayoría absoluta, que abarcaba a todos los partidos en una especie de causa general. En este caso, el PP no llevó las conclusiones a votación y la disolución de las Cortes para las elecciones generales de abril del pasado año acabó de darle la puntilla. En el caso de la del Congreso, los grupos parlamentarios fueron incapaces de acordar un dictamen de conclusiones y el PP quedó sin sanción política después de dos años de trabajo y sin que compareciera en ella Mariano Rajoy, aunque la recibió por adelantado por las consecuencias políticas de la sentencia del caso Gürtel.

Estos y otros antecedentes debieran bastar para que los parlamentarios dedicaran su tiempo a otras labores más productivas sin que su trabajo se solape con el de los jueces, porque muchos de los comparecientes en esas comisiones guardan silencio si a continuación van a tener que testificar ante la justicia, o repiten lo que han dicho en sede judicial. Lo deseable en estos casos es que la justicia trabaje con rapidez, a pesar de la complejidad que suelen revestir las investigaciones sobre las finanzas de los partidos, y que sea con la apertura del juicio oral cuando comiencen a asumirse las responsabilidades políticas. Pero los partidos siempre tienen mucha prisa para hacer ruido y embarrar el campo de juego.