No es extraña la perplejidad de muchos españoles cuando oyen a Felipe González, Alfonso Guerra o José María Aznar abogar por un gobierno de coalición PSOE-PP. Más allá de los matices que les pueda diferenciar, con Sánchez o sin él de presidente, mediante pactos puntuales programáticos o a través de compromisos de gobierno, no deja de ser paradójico ver a estos tres personajes del pleistoceno político tan enervados, tan fuera de sí, reconviniendo al candidato socialista por su compromiso gubernamental con Pablo Iglesias. Y aún resulta más chocante porque ni siquiera mantienen la obligada equidistancia de quien aconseja, por más que crea fundamental su consejo no pedido, sino que acusan a una de las partes de no buscar el acuerdo que la otra contundente y reiteradamente rechaza. Los otrora líderes socialistas le exigen a Sánchez un acuerdo con Casado que el líder del PP abiertamente desprecia. El mismo argumento cabe utilizar con José María Aznar, desoído por el pupilo que se ha hecho mayor y que basa su estrategia no en la gobernabilidad de España, sino en el desgaste del contrario y la apropiación del poder en el menor tiempo posible. Exactamente lo mismo que perseguían González, Guerra, Aznar y otros personajes menos relevantes, pero también ahora en el mismo cuadrante del campo. Cuando eran jóvenes, idealistas, generosos y aún no habían contraído hipotecas, económicas y mentales. Antes enfrentados rabiosamente y ahora unidos por un enemigo común: una izquierda más radical y partidos políticos independentistas en Cataluña. Se olvidan de que estos últimos son sus hijos. O por lo menos en ambos casos fueron sus nodrizas. Les dieron cuanta leche exigieron. Aznar y González cedieron al chantaje y miraron hacia otro lado cuando Maragall denunció que Cataluña tenía el problema del tres por ciento, el latrocinio de las familias que han propiciado las barricadas de ahora para evitar ser ellos los quemados en la hoguera. Entonces sí eran constitucionalistas, claro.
La evolución de las personas es legítima. La coherencia es obligada. Por eso han de explicar qué intereses mueven sus consejas. Y a lo mejor, así, recuperan la dignidad.