El Constitucional ha fulminado las plusvalías. Pendientes de los detalles, todo lo que ahora venga serán nervios, jaleo, tiritas y apaños. Pero más allá de la comprensible algarabía que experimentan los beneficiados, hay una circunstancia dramática que no podemos olvidar.
Estamos en 2021. La norma del impuesto data de 2004. Ha habido dos sentencias más enmendándolo. Y aquí seguimos, diecisiete años más tarde, en la casilla de salida de nuevo y con un follón de campeonato montado.
No puede ser que sectores económicos de la relevancia del de la construcción (por ser este el caso, pero en general, la economía entera ) estén al albur de sentencias judiciales que se eternizan en una espiral de retrasos decimonónica. Necesitamos que asuntos de esta importancia sean dirimidos con más presteza y por vías expeditivas.
También es cierto que si los partidos dejarán de usar el Constitucional como el recurso para todas sus broncas es posible que tuvieran más tiempo para dilucidar cuestiones de auténtica dimensión como esta.
Ahí lo tienen: los contribuyentes ahora sin saber qué hacer. Algunos, mientras no haya nueva norma, venderán o cederán sin pagar. Otros, recurrirán. Cientos de despachos de abogados, viendo el negocio, se lanzarán en tromba para pleitear en medio de una casuística infinita. Y los ayuntamientos, prestadores de los servicios inmediatos y más valorados, quedarán cojos al faltarles un ingreso vital para su organización interna.
Un desastre. La justicia tiene que ser rápida o no lo será. Cuando afecta a particulares es lamentable que los retrasos infrinjan perjuicios sin cuento a la gente corriente. Pero cuando, como en este caso, hablamos de asuntos que afectan a todos los españoles, es intolerable depender de tribunales que se toman tanto y tanto tiempo. A ver cuando pasamos a la sociedad del juicio a la sociedad del arbitraje de una puñetera vez.