Tantos días de confinamiento y tanta incertidumbre respecto de lo que pude depararnos el futuro hace que vayamos olvidando las atroces circunstancias en las que miles de ancianos enfermos -algunos contagiados por el coronavirus y otros no- y muchos de ellos procedentes de residencias fueron abandonados a su suerte negándoles asistencia médica en las UCIS de los hospitales. Los triajes, les condenaron a morir. Es una criba que se activa cuando la demanda y las necesidades clínicas superan los recursos. Con el añadido de criterios tales como la edad o las patologías previas.

Sabemos que el elevado número de infectados superó el de camas disponibles en los hospitales, pero también que la imprevisión de las autoridades políticas a la hora de gestionar la epidemia, la tardanza en dictar las medidas de confinamiento unido a la reducción de plazas en los hospitales como consecuencia de los recortes presupuestarios desembocaron en la saturación del sistema. Ahí, en ese reino de improvisación en puertas del colapso, surgieron los triajes. Miles de ancianos fueron abandonados. Sin practicarles los test (PCR) que habrían permitido saber sí estaban o no infectados. Pasan los días y el Gobierno que hace dos meses asumió el mando único en la gestión de la epidemia todavía no ha facilitado la cifra oficial de fallecidos en las residencias.

¿Quién responderá por los miles de ancianos a los que se dejó morir sin asistencia en las UCIS? Perdidos como estamos en las variadas situaciones excepcionales generadas por la crisis una cuestión capital como ésta ha pasado a un segundo plano. Y, sin embargo, son hechos gravísimos que al margen de posibles responsabilidades penales, remiten al concepto mismo de lo que entendemos por dignidad. Hemos dejado morir sin amparo médico y en soledad a miles de ciudadanos que habían contribuido a edificar la España que conocemos. Trabajando y cotizando para crear el sistema de seguridad social que, a la postre, les ha dejado tirados. Les hemos dejado morir solos, ahogándose por falta de respiradores. Así que se acabe el estado de Alarma tras el que el Gobierno se escuda para no dar cuenta de muchos de sus actos habrá que preguntar al ministro de Sanidad -como autoridad máxima en la gestión de la crisis- quién o quienes dieron la orden para impedir el ingreso de pacientes de residencia en los hospitales. Y quien o quienes