Los datos de la Contabilidad Nacional y de la Intervención General del Estado del 2021 no engañan: el gasto en remuneraciones salariales (sueldos y cotizaciones) de las administraciones públicas sigue disparado, año tras año, llegando ya a los 91.738 millones de euros (+5,56%) frente a los 86.905 de 2020 y a los 82.083 de 2019; la causa no está sólo en las subidas sino también en la creación de más empleo público que no responde a la crisis sanitaria (ese área sanitaria creció un 6,9% hasta los 36.824 millones) sino que es estructural (el resto de subsectores creció un 5% hasta los 54.914); las comunidades autónomas suman ya 2,1 millones de empleados (el 60% de todo el empleo público) y, además, tenemos un nuevo récord de salarios públicos: 147.363 millones de euros (frente a los 140.454 de 2020 y los 134.729 de 2019) mientras las empresas privadas no financieras no paran de ajustarse registrando salarios por 362.536 millones en 2021 frente a los 375.668 de 2019 (-3,50%). Todo ello evidencia que los salarios públicos se han convertido en una suerte de montepío político impermeable a cualquier ajuste que se reserva, en exclusiva, para el sector privado.
La 'hipoteca pública salarial' supone, de media, el 41% de todo el gasto público (el 39% en el 2019) pero en algunas comunidades roza ya el 50% (Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón) siendo las mejores Baleares (31%), Madrid (33%) y Navarra (36%). En términos de PIB, destacan nuevamente Extremadura (12,3%), Canarias (10,4%) y Castilla La Mancha y Andalucía (10%) mientras Madrid es la mejor de todas (4,5%). Esa masa salarial pública creció un 9,4% (12.634 millones) desde que comenzó la crisis por la pandemia y además se realizaron 222.000 nuevas contrataciones. Para pagar toda esa nómina el Estado necesita sumar las recaudaciones del IRPF (94.596 millones), Sociedades (26.627), Impuestos Especiales (19.729) y un 10% del IVA (72.498). Así, la nómina pública se come el 66% de los ingresos tributarios de caja (223.000 millones en 2021) impidiendo, además, la lucha contra la inflación al estar indexados y no ser ajustables por definición. La tendencia es clara: cuánto más se recauda, más gastan las administraciones públicas, lo que, sumando el gasto por pensiones, deja a los Presupuestos Generales del Estado sin margen para servir de palanca de crecimiento y cambio para el sector privado, ya que el esfuerzo fiscal acaba en el sumidero del ingente gasto público improductivo. Desde otro ángulo: un 26% de todos los salarios nace de las administraciones públicas, que suman 3,5 millones de empleados, mientras el sector privado tiene sólo 16,7 de ciudadanos en sus filas por lo que cada cuatro trabajadores privados cargan con un empleado público. Esto no es todo porque los empleados del sector privado trabajan un 10% más de horas que los del sector público en el que se observa una reducción de las horas medias semanales pasando de las 31,1 del 2019 a las 28 del 2021 y, todo ello, a pesar de que su plantilla ha aumentado espectacularmente.
El Estado, con todas sus estructuras y vericuetos, se ha convertido en un montepío político donde con lo extraído del sector privado vía impuestos se está financiando a un creciente colectivo de empleados públicos que dependen, cuando no forman parte directamente, de los distintos partidos políticos que, lógicamente, no están interesados en que esto cambie sino en todo lo contrario. Paralelamente, las administraciones públicas cada vez exigen más prestaciones de los ciudadanos en forma de citas previas, notificaciones electrónicas, relaciones telemáticas… bloqueando la comunicación natural y multándote en cuanto te descuidas, a pesar de contar cada vez con más medios y presupuesto, lo que pone de manifiesto que la Administración, hoy por hoy, no está al servicio del ciudadano. Queda claro pues que el Estado y su tamaño es el primer problema de España –real, aunque no percibido- y que si no lo ponemos a dieta estricta acabaremos explotando todos.
Mario González (Mautiko Abogados)