El Partido Popular no cesa en sus advertencias acerca de que el Gobierno hará de forma clientelar, discrecional y poco equitativa el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción de los destrozos originados por la pandemia del covid-19. Es cierto que en situaciones precedentes la disposición de grandes cantidades de dinero con pocos controles ha dado lugar a casos de corrupción. Pero se supone que todos los partidos aprenden de sus errores, que los socialistas saben las consecuencias del cao de los ERE en Andalucía, de la misma forma que se supone que el PP está vacunado contra cualquier veleidad de volver a la financiación ilegal de sus campañas electorales y a contar con una caja b, acreditada judicialmente.
Desde el PP se teme que se puedan repartir mal los fondos europeos, pero ese no es un hecho que haya ocurrido hasta ahora por dos motivos. El primero y principal porque las comunidades gobernadas por el PP han recibido el 44% de los fondos repartidos por el Gobierno; y en segundo lugar, por otros dos motivos, porque las adjudicaciones fueron acordadas en reuniones sectoriales con las comunidades autónoma, y porque la Comisión Europea ha dado el visto bueno a la forma de actuar del Gobierno dado que ha superado todos los controles establecidos y no ha encontrado nada raro. Si el motivo de la preocupación y la denuncia de los populares sobre el reparto de los fondos se refiere a una partida de 9 millones de euros, de un montante de 14.000 millones, en los que supuestamente se ha beneficiado a unas comunidades que no son gobernadas por los populares, y en función de proyectos, quizá la denuncia ante el Tribunal Supremo, tras haber errado al presentarla en la Audiencia Nacional, tenga poco recorrido en los tribunales.
En esta ocasión el Gobierno ha actuado con rapidez y ha respondido allí dónde se le interpelaba por parte del PP, en la Comisión Europea, que le sigue apoyando por la vía de los hechos, con la concesión de los primeros 19.000 millones de euros de los fondos Next Generation y a ser el primer país que los recibe, por haber cumplido con las reformas exigidas. Pero Pablo Casado nsiste en avisar a la Unión Europea de que quizá el Gobierno los use mal. Es una actitud legítima, pero lo será más cuando, en lugar de sospechas, tenga evidencias de que ha ocurrido así, lo que justificaría plenamente su recurso a la justicia y ante Europa. Si por el momento no lo puede hacer su actitud preventiva responde a lo que Sánchez ha denominado "oposición negacionista". SI la Comisión Europea ha dicho que no encuentra motivo de preocupación en el uso de los fondos, al PP se le ha cerrado de momento una de sus vías preferentes para poner en evidencia al Gobierno. Entre tanto se confirman sus peores predicciones y logra que sus dudas encuentren eco en la UE, se embarra el terreno de juego y queda patente un alto grado de deslealtad hacia el país, que es una actitud que Casado ha tenido desde que se vio venir la lluvia de millones para que los gestionara el Gobierno.
Y de ahí procede otro motivo de discrepancia entre Gobierno y oposición, el establecimiento de una comisión independiente que repartiera los fondos. Es un mecanismo que muy pocos países han utilizado y es francamente dudoso que el PP hubiera dejado pasar la oportunidad de manejar los fondos si hubiera estado en su mano.