Una de las novedades más importantes en la Política Agrícola Común implantada en 2014 fue la obligación por parte de los agricultores y ganaderos de una serie de medidas medioambientales para acceder al denominado greening o Pago Verde. La condicionalidad no era una exigencia nueva sino que, de alguna manera, ya se venía aplicando con menor intensidad desde el año 2006. Sin embargo, en 2014 cobraba especial importancia en cuanto su cumplimiento suponía aproximadamente percibir el 50% del importe que tuviera el agricultor o ganadero como derecho de pago básico.
Cuatro años después de su aplicación, un informe del Fondo Español de Garantía Agraria ha venido a señalar que los agricultores y ganaderos españoles han cumplido con los objetivos previstos, que se han diversificado cultivos en las explotaciones con mayores rotaciones, que se han mantenido los pastos permanentes, que ha cumplido con las superficies de interés ecológico o que han aumentado las tierras de barbecho. En definitiva, que el sector agrario ha asumido un compromiso verde y que los agricultores y ganaderos son los primeros en defender un campo sostenible. 
Para el sector agrario, en lo que afecta a las medidas sobre medio ambiente, nota importante es que, una vez cumplidos los objetivos marcados en la anterior reforma, las líneas de la siguiente, cuya aplicación no será antes de 2022, supone ir más lejos en la misma dirección. Lo que se ha denominado la condicionalidad reforzada, los llamados ecoesquemas y la arquitectura verde son planes específicos ecológicos que van más allá de los objetivos mínimos y tendrán mayores ayudas, más exigencias en las mismas prácticas medioambientales incluyendo el uso del agua o de fertilizantes, más pastizales, mayor rotación de cultivos, más laboreo reducido, más siembras directas, más choperas, más desbroces o mayor apoyo al mantenimiento de cultivos arbustivos.
En el ámbito presupuestario, la dotación actual de los fondos comunitarios para el greening se eleva en el caso de España a 1.464 millones de euros frente a los 2.836 millones que suponen los fondos para el pago básico. El pago verde significa algo más del 30% de todos los fondos comunitarios para el sector agrario y uno de los objetivos es que los mismos supongan el 40%. Su aplicación  en 2015, a efectos del cobro de los fondos, ya incluía de entrada como beneficiarios a quienes practicaran la agricultura ecológica, a los pequeños agricultores con cobros por ayuda directa de hasta 1.250 euros y a las superficies de cultivos permanentes como olivar, viñedo, frutales o cítricos que permanezcan sobre el terreno al menos cinco años. El resto de las superficies, para acceder a la ayuda complementaria del pago básico, deben cumplir, en resumen, tres objetivos. 
Uno, la diversificación o rotación de cultivos cuando la superficie de un peticionario supere las 10 hectáreas y con exigencias variables según el tamaño de la explotación. Entre 10 y 30 hectáreas, la obligación de hacer, al menos, dos tipos de cultivos y de tres si superaba las 30 hectáreas. Dos, mantenimiento de los pastos permanentes para evitar la erosión, diversificación y conservación de hábitats y fauna con especial atención a las zonas sensibles. El objetivo era que esa superficie no bajara del 5% sobre la superficie total de cultivos a nivel estatal. Tres, mantener zonas de interés ecológico en cada explotación con la obligación de contar con un mínimo del 5% vía barbechos sin producción, siembra de cultivos fijadores de nitrógeno, superficies reforestadas o dedicadas a la agrosilvicultura.
Cuatro años después del inicio en la aplicación de esta política, el Fondo Español de Garantía Agraria hace balance del último ejercicio donde destaca el avance registrado por el sector el términos medioambientales y donde se han consolidado las mejoras introducidas en los años precedentes.
En el caso de la diversificación, los datos manejados por la Administración señalan un importante avance en materia de biodiversidad y la mejora de los suelos, rompiendo la imagen dominante de las prácticas de monocultivo y yendo hacia una mayor variación de los mismos. Entre los muchos datos manejados destaca que el 14% de la explotaciones sujetas a una diversificación o rotación de cultivos en 2015 solamente tenían un cultivo y esa cifra se ha reducido a solamente el 5%. En la misma línea, el porcentaje de plantaciones que tenían solamente dos cultivos ha bajado del 25% a al 11%. En la parte contraria, el número de explotaciones que tenían tres o más cultivos, han pasado de suponer el 61% al 85%. En lo que afecta a las superficies de interés ecológico se ha mantenido el grueso, aunque en 2018 se ha producido una reducción respecto a los años anteriores cuando el barbecho en esas tierras llegó casi al millón de hectáreas, al medio millón las superficies de cultivos fijadores de nitrógeno, mientras superficies forestadas han sido siempre muy bajas con solo unas 10.000 hectáreas. En lo que se refiere a los pastos permanentes como superficies secuestradoras de carbono y, en consecuencia, beneficiosas para la lucha contra el cambio climático, los datos más recientes manejados por el Fega hablan de un volumen de 6,7 millones de hectáreas ubicadas en zonas Natura 2000 de las que se consideran como pastos medioambientalmente sensibles una superficie de 2,5 millones de hectáreas.
Medios agrarios se felicitan de que el sector haya demostrado su capacidad de respuesta y responsabilidad en la defensa del medio ambiente. Sin embargo, se preguntan si la aplicación de las actuales exigencias y las que se pueden aumentar en el futuro con la nueva reforma y su apuesta por una mayor condicionalidad en materia de bienestar animal, laboreo, medidas medioambientales, uso del agua, prohibición o limitación de productos fitosanitarios, etc., que pueden dar lugar a mayores costes o menos rendimientos en las explotaciones, van a disponer de mayores apoyos por parte de la Administración comunitaria con un presupuesto adecuado a esas exigencias.